En el Congreso Nacional debe tener preferencia el interés de legislar con sentido social, emitir resoluciones y fiscalizar ejercicios de poder sin condicionamientos partidarios ni grupales. Con agendas que concedan prioridad a la solución de problemas que impacten a la colectividad y propicien sin demorar leyes favorables al desarrollo humano y económico. En el marco de este razonamiento preocupa la inercia que en la Cámara de Diputados dejó en suspenso un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 90 millones de dólares, clave para continuar la puesta en valor y remozamiento de la Ciudad Intramuros compatible con los fines turísticos de Santo Domingo y para que la riqueza arquitectónica y urbana de significado histórico esté mejor preservada; un financiamiento de efectos inmediatos.

Quedó de lado en el momento en que las lealtades a proyectos electorales tienden a cambiar de proporciones en el hemiciclo y pierde terreno la uniformidad que coloca las tareas congresuales bajo directrices que mediatizan su independencia y ponen en entredicho su rol de contrapeso ante el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Senado. Si ha de existir desde ahora mejor espacio para la diversidad de criterios en debates y de respeto entre las partes y hacia legítimos intereses que miran desde fuera, el Congreso debe superar ágilmente sus contradicciones para garantizar mútiples beneficios al país.

Apogeo de las deficiencias

Condiciones críticas en los suministros de electricidad, agua potable, servicios públicos de salud y protección ciudadana muestran intensidad sobre muchos habitantes de Santiago de los Caballeros que no disponen de recursos para capear los vacíos con cisternas y plantas propias y pagar atención médica y vigilancia privadas. Sequías, deficiente mantenimiento al sistema energético, insólitos retrasos en obras hospitalarias y una apocada forma de combatir la delincuencia están pasando factura. Fuera de lo irritante y costoso para la colectividad que resultan los apagones y las tuberías vacías, al menos un tercio de la gran población santiaguera está sometido desde hace años a un mínimo acceso a los esenciales hospitales José María Cabral y Arturo Grullón, atrapados en interminables procesos de rehabilitación negadores de protección a la vida y la salud.