La mera enunciación de supuestos daños multimillonarios a la sociedad y al Estado contenidos en las acusaciones del caso Calamar ya catalogado judicialmente como complejo, es suficiente para entender que unos jueces de la República están ante un desafío sin precedentes, retados a seguir una agenda sin retroceso con toda la sociedad como testigo. Por el accionar de un Ministerio Público que anteriormente no concedía prioridad ni concentraba esfuerzos significativos para, como corresponde a sus obligaciones constitucionales, judicializar casos a partir de indicios calificados, con estricto apego a los procedimientos que son inherentes y absolutos respeto a los derechos de defensa y presunción de inocencia. Sin excepciones.

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Conocidos a grandes rasgos y por diversidad de detalles que trascienden a la opinión pública, los cargos que con méritos suficientes han movido a diversos grados de medidas de coerción recorren ya el camino que corresponde y serán determinantes para la toma de decisiones soberanas de los tribunales institucionalmente comprometidos con la imparcialidad y la independencia y llamados a no dejarse torcer por presiones externas muy en boga actualmente, incluyendo las empeñosamente dirigidas a desautorizar la implementación de la política del Estado contra la criminalidad, la que responde a unos reclamos de que se actúe con equidad contra los perjuicios al patrimonio público, pobremente defendido con anterioridad. La sociedad aspira a una aplicación de justicia que proteja sus intereses.