La importancia del tema obliga a remachar conceptos. La modificación de la normativa que rige las relaciones entre Estado, empleadores y trabajadores debe ser el resultado de un consenso, logrado mediante un debate en el que participen de manera equilibrada los representantes de los tres sectores más influenciados por las pautas de esa normativa.

El hecho de que la comisión creada por el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 286-13, solo esté integrada por tres abogados y tres economistas causa legítimas preocupaciones, no sólo entre representantes de los trabajadores, sector que ha sido dejado fuera, sino inclusive entre representantes empresariales, como es el caso de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera -AEIH-, que advierte que la modificación del Código Laboral no puede ser impuesta por una élite.

El Poder Ejecutivo daría un paso hacia la equidad si sopesara estas preocupaciones e incorporara en la comisión expertos en materia laboral como, por ejemplo, los juristas Rafael Alburquerque y Julio Aníbal Suárez, ambos con gran experiencia en esta disciplina. La modificación de la ley laboral debe estar enfocada a los ejes medulares de la competitividad, una condición determinada por un equilibrio óptimo en la relación Estado-empresa-trabajadores. Solo el consenso para la modificación del Código de Trabajo puede garantizar un buen resultado.

ASÍ ANDA NUESTRA SEGURIDAD

Que nuestra seguridad anda mangas por hombro lo demuestra la tentativa de secuestro que hombres que dijeron ser policías ejercieron el sábado contra el periodista y diplomático Pastor Vásquez, cuando llegaba a su casa en la urbanización Prado Oriental. Los individuos que lo interceptaron andaban en un vehículo sin placa y sin rótulos de la Policía, pero al menos uno de ellos vestía uniforme de la institución. Por fortuna, la alarma de los vecinos del comunicador frustró sus planes.

Fechorías en que individuos usan insignias y uniformes de la DNCD, la Policía o institutos castrenses son frecuentes en el país. Los ciudadanos no están seguros de si realmente son autoridades los individuos uniformados y armados que les requisan y despojan de pertenencias. No hay un signo de inseguridad más grande que el que se deriva de estas prácticas. Hay mucho por hacer en materia de seguridad ciudadana.