Una de las facetas perniciosas de la reelección presidencial es su facultad envolvente que, inevitablemente, hace tenues los linderos entre el ejercicio del poder institucional y el activismo proselitista.

No se ha descubierto todavía una fórmula que desvincule al funcionario que apuesta a la reelección del uso de al menos uno de los principales recursos del Estado.

Sin necesidad de tocar bienes estatales o dinero del erario, aún estando en licencia al funcionario público le es consustancial el recurso de la influencia del cargo y las expectativas que la misma puede despertar en la búsqueda de adherentes a la causa reeleccionista.

No ignoramos que la reelección presidencial es en nuestro país un derecho amparado por la Constitución, aún bajo la salvedad de que su consignación en la misma se debió a una jugada artera, una acechanza que hay que acreditar a una facción partidista que tejió traje a la medida de sus ambiciones.

Hay que anotar que quienes estigmatizaron desde la oposición esa consignación hoy son sus fervientes defensores.

Sin duda alguna, la reelección presidencial se ampara en una legitimidad perniciosa.

Lo curioso del caso es que el estigma que pesa sobre la reelección no es obra de opositores políticos, sino de resultados y experiencias vividas por el país cuando el extinto líder político Joaquín Balaguer se sucedió a sí mismo en el poder cuantas veces se le antojó.

-II-

Un grupo de influyentes dirigentes empresariales ha expresado su temor de que la campaña reeleccionista llegue a tener efectos perjudiciales sobre la estabilidad de la economía, estabilidad que sin lugar a dudas ha sido un logro de la actual administración del Presidente Leonel Fernández.

Su preocupación parte del hecho de que, con contadas excepciones, los funcionarios públicos han asumido tareas proselitistas que les distraen parte del tiempo que deberían dedicar al desempeño de sus funciones en la administración pública.

Ese tiempo, anotamos nosotros, es un recurso del Estado, como lo son la autoridad de la función y las influencias que de ello se derivan.

Por eso convendría que al momento de ocuparse de la próxima reforma constitucional, se tome en cuenta este aspecto envolvente, vinculante, que inevitablemente hace que la reelección presidencial tenga una legitimidad perniciosa para el interés del Estado.

Desde luego, estas observaciones difícilmente serían pasadas por alto por quienes promueven la reelección, pero nos caracteriza el haber mantenido siempre una posición firme y vertical en este aspecto.

Quienes se tejieron en el anterior Gobierno un traje a la medida al consignar de manera artera la reelección presidencial en la Constitución, recibieron de nosotros un tratamiento similar.

El país tiene su propia realidad histórica y tiene que condicionar su vida institucional a las circunstancias de esa realidad histórica. La reelección presidencial ha tenido una legitimidad perniciosa, no porque lo queramos nosotros, sino por sus efectos y resultados.