En un artículo publicado hace unos meses me referí al tema de la crisis política de Brasil a propósito del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que se ha combinado con un empeoramiento de la economía. El Senado rechazó esta semana suspender el juicio para su destitución.
Es necesario seguir reflexionando, especialmente acerca del carácter legítimo de este hecho, cuyas consecuencias apenas vemos. Sin entrar en extensas disquisiciones respecto a las escuelas de pensamiento de Max Weber y Jürgen Habermas respecto a los conceptos de legitimidad, dominación, poder, relación social y eficacia, es útil detenerse a ver las motivaciones que imperan para intentar sacar de la Presidencia a esta mujer.
La palabra legitimidad se utiliza en diferentes situaciones relacionadas con aspectos políticos, judiciales, sociales o de la vida cotidiana. Proviene del término latino “legitimare” que significa hacer cumplir la ley. Es transformar algo en legítimo.
Pero más allá de la acepción, tanto Weber como Habermas construyeron toda una amplia e interesante teoría relativa al concepto, aplicado al ejercicio del poder.
Weber fue el primer pensador social que vinculó el término legitimidad con dominación, poder y relación social, mientras que Habermas la entendió como las “condiciones formales de la aceptabilidad de las razones que prestan a las legitimaciones eficacia, fuerza consensual y fuerza motivadora. El término legitimidad empieza a formar parte de la ciencia política a partir de la obra de Weber, que lo desarrolló bajo la “creencia” en la bondad del poder por parte de los ciudadanos, mientras que los dominadores pretenden ser obedecidos en base a la razón supuesta o real que les asiste para mandar.
En el intento de destitución de Rousseff visto desde el punto de vista formal-legal, sus auspiciadores no se habrían apartado de lo que mandan la Constitución y las leyes adjetivas de Brasil. Sin embargo, para que haya legitimidad, debe reunir los requisitos de validez, justicia y eficacia. Pero no solo deben tener esta condición, sino que tendrán que cumplir con lo formal (jurídico) y material (reconocimiento del pueblo).
La legitimidad jurídica se refiere a la ley, que en el caso de la actuación de los adversarios de la destituida presidenta Rousseff, la llevaron a cabo apegados a las normas.
Enjuiciada por un Parlament donde el 60 por ciento está acusado de corrupción, incluidos Eduardo Kunha y Michel Temer, este último, actual presidente en funciones, y contrarios políticos de Rousseff, carece de razones legítimas para dirigir el proceso contra la política brasileña, que promulgó la ley de transparencia que sirve de base a las investigaciones del caso Petrobras. Contra esta mujer no hay una sola acusación de corrupción, lo que no se puede decir de sus acusadores.