BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Los gobiernos dominicanos han vivido creyendo, quizás con la excepción de las administraciones del doctor Joaquín Balaguer, que la legitimidad y la gobernabilidad dependen única y exclusivamente de sus relaciones con las èlites, sobre todo con las èlites económicas y empresariales. Piensan que si sus relaciones con estos influyentes grupos sociales y de poder caminan bien, ellos están legitimados y tienen garantizados un buen gobierno o un gobierno funcional.

Por eso los candidatos presidenciales cuidan de manera particular sus relaciones con “el poder”, las cultivan de manera esmerada y cuidadosa, procuran sentarse en las mesas de sus representantes más conspicuos y tratan, por todos los medios, de hablar y actuar de manera que no haya roces ni malos entendidos con estos sectores. Pero no crea el lector que esta es una visión exclusiva de los políticos presidenciables. También hay gente de los medios de comunicación y especialistas en ciencias políticas y expertos en marketing electoral que están adscritos a esta escuela de pensamiento. En consecuencia, los consejos y los recetarios que ofrecen estos mediadores del poder siempre arriban a la misma conclusión: enhebrar y mantener las mejores relaciones con el poder establecido, con las èlites, con “los que mandan”. Quizás es este razonamiento que el explica la presencia desbordante de los gobernantes en los actos de los miembros de los altos círculos empresariales y financieros y de sus intelectuales y burócratas subalternos. Hay todo un ritual que cumplir, una especie de ofrenda sacrificial que debe ser rendida ante las auras de quienes desde la banca, desde el comercio, desde la industria, desde los hatos y desde los centros de pensamientos se colocan en una posición jerárquica de “mandamás” del país.

  Estos gobernantes han olvidado, sin embargo, que el nuevo perfil de la sociedad dominicana hace que la legitimidad y la gobernabilidad pasen por las comunidades y sus organizaciones, por las iglesias y sus matizaciones, por las entidades estructuradas de la sociedad civil y, sobre todo, por ese ente omnipresente y pluralista que es la opinión pública. Pero debe observarse, para no caer en errores de apreciación, que hasta hace 10 ò 15 años, la opinión pública respondía exclusivamente a los intereses de los grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros y sus intelectuales subalternos, a los partidos políticos mayoritarios, a determinados sectores militares y a “la embajada” que se hacían sentir a través de voceros instalados en medios de prensa, a personalidades vinculadas a estamentos de poder y a la cúpula de la iglesia católica. La otra opinión, la popular, tenía pocos vehículos para hacer circular sus pareceres y opiniones y, por consiguiente, su influencia era escuálida. En  estos años, empero, la toma de conciencia de los ciudadanos o la “ciudadanizaciòn” de la vida en sociedad, el surgimiento de la sociedad civil y la tendencia a la organización, han permitido una cierta redistribución del poder social y del poder político y, por vía de consecuencia, se ha registrado el surgimiento de un mejor balance de poder social y de poder ciudadano. Ahora, por ejemplo, los residentes en una barriada no esperan al político ni al párroco para reclamar atención a sus necesidades, ni para hacer sentir su capacidad de protesta. Los sindicatos dependen cada vez menos de los intereses de los partidos políticos, porque ahora responden más a sus intereses de clase. La cúpula de la iglesia católica tiene un espacio público para expresar sus opiniones, pero también los sacerdotes que  dan y dejan su vida en las parroquias de los barrios. Los evangélicos se han ganado, merced a su crecimiento y a su cada vez mayor preocupación por la vida en sociedad, un lugar para hablar y hacerse escuchar. En resumen, la sociedad dominicana se ha transformado en una comunidad más plural, más organizada y más segmentada, donde cada sector pretende hablar por su propia voz, sin intermediarios ni elementos vicarios, en defensa de sus intereses.

Esta reubicación de la legitimidad y de la verdadera gobernabilidad es la responsable del fracaso, en la experiencia dominicana, de los gobiernos y los gobernantes que no han sido capaces de establecer vínculos con la sociedad que está más allá de los círculos de las èlites. Quienes no han comprendido las demandas y necesidades de estos nuevos sujetos de la opinión pública, quienes no han sido capaces de tomar en cuenta su agenda, no han podido disfrutar de gobernabilidad y su legitimidad ha quedado debilitada.

  Quien quiera apreciar la existencia de este fenómeno que apunta hacia una redistribución del poder social y del poder político, que se acerque a las juntas de vecinos, a las redes de organizaciones no gubernamentales, a Foro Ciudadano, a Participación Ciudadana, al liderazgo comunitario de sacerdotes y pastores y, de forma especial, a los medios de comunicación alternativos de los municipios, de las provincias, a las emisoras de radio, a la televisión por cable de las provincias y de la zona metropolitana y a las páginas y periódicos que circulan a través de Internet. Se trata de un fenómeno particularmente interesante para la política dominicana.
 (bavegado@yahoo.com)