La coordinadora general de Participación Ciudadana dijo que el Poder Judicial no deben coger presión de quienes exigen consecuencias frente a las personas que cometen crímenes o delitos, ni mucho menos de aquellos que son abanderados de la impunidad.

Leidy Blanco dijo que en el caso del órgano persecutor lo que le toca es fortalecer los expedientes para que cuando lleguen a la justicia, el juez puede aplicar el derecho en consonancia a, lo que muchas veces, la sociedad espera.

Blanco sostuvo que un buen ejemplo de actuación judicial fue el fallo de las juezas que conocieron el caso Odebrecht que, aunque a todos le dolió el dictamen, las magistradas aplicaron el derecho, en un expediente que se elaboró de manera perversa para perpetuar la impunidad.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para EU, la dirigente de la sociedad civil agregó que las aspiraciones de la entidad que dirige es que haya una verdadera independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero que apliquen el derecho en base a las leyes y el texto sustantivo.

Admitió que se hace una presión social desde el punto de vista de lo que un determinado sector espera que sean las consecuencias de diferentes temas judiciales cuando llegan a un juicio, donde haya un solo magistrado o un órgano colegiado, pero hay que señalar que, en el caso específico de corrupción, es normal y saludable que se produzcan esos tipos de presiones.

“Ahora, el juez no se debe llevar de una presión social, el juez tiene que llevarse de los hechos que se le presentan, estudiar esos hechos, y aplicar el derecho conforme a lo que establecen las leyes y la Constitución, y en base al debido proceso, siempre lo hemos dicho, no dejarse llevar por las presiones de los colectivos que buscan consecuencias, ni de los que propugnan por impunidad”, puntualizó la coordinadora de Participación Ciudadana.

Reconoció que en el país hay un se comete un abuso reiterado en las imposiciones de medidas cautelares, específicamente con el caso de la prisión preventiva.

“Mira, aquí hay un abuso reiterativo con las medidas cautelares, en el caso específico de la prisión preventiva, lo hemos visto, y es una demanda que han hecho los grupos colectivos de sociedad civil, sobre todo los que están enfocados en derechos humanos”, Lamentó.

Sin embargo, Leidy Blanco fue enfática en precisar que en los casos de corrupción se necesita la prisión preventiva, porque ese flagelo, tal y como lo dictaminó el magistrado José Alejandro Vargas, es un crimen de lesa humanidad.

Blanco sostuvo que a veces se dictan medidas de coerción que a veces no se correlacionan con el delito, y eso es al margen de los casos de corrupción que de los siete casos que lleva el Ministerio Público hay varios de los encartados que guardan prisión domiciliaria, porque han negociado algún tipo de acuerdo con los fiscales.

“Y hay un hacinamiento y deshumanización del sistema penitenciario lo que constituye una carga cuando tú tienes niveles de prisión preventiva que, a veces, no se correlacionan con el delito”, insistió.

El movimiento cívico no partidista favorece que el Ministerio Público pide extensión de los plazos que solicitó en las medidas de coerción para robustecer los expedientes, pero con la condición de que no se incluyan nuevas acusaciones.

Blanco Deplora mayoría de reforma constitucional han sido por un interés particular excepto la del 26 de enero del 2010

La coordinadora general de Participación Ciudadana Leidy Blanco asegura que esa organización de la sociedad civil apoya que se modifique la Constitución de la República para que tengamos un Ministerio Público independiente, pero aclara que tienen marcadas diferencias con respecto al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al diálogo que se lleva a cabo en el Consejo Económico y Social.

Blanco reconoce el escepticismo que se genera en la población cuando se habla de hacer una reforma constitucional, porque la mayoría de las que se han hecho responden a un interés particular, excepto la del 26 de enero del 2010.

“Porque qué pasa, nosotros escuchamos reforma constitucional, cuántas veces no la hemos reformado, y en su gran mayoría ha sido por un interés particular, excepto la reforma del 2010 que fue la más integral porque se incluyeron los derechos sociales, la participación ciudadana que no aparecían en otras reformas, y los derechos de Tercera Generación”, sentenció.

Insistió que siempre ha habido una intención escondida en las modificaciones constitucionales, principalmente para la reelección presidencial, y por eso es que cuando se habla de reforma constitucional el pueblo se pone arisco y escéptico.

Sobre el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al CES no están de acuerdo en que se deja a la ley el mecanismo de selección del procurador.

“Si usted está hablando de, verdaderamente, dotar al Ministerio Público de independencia, usted no puede dejar al Congreso a través de una ley, con la calidad de representación que tenemos en el Congreso, a que decida como se va elegir”, aseveró.

Dijo que eso debe quedar explicito en la Constitución, y su postura es que el órgano adecuado para tales fines es el Consejo Nacional de Magistratura, pero que sea sometido a una reformulación.

La dirigente de la sociedad civil dijo que tampoco están de acuerdo con que se reduzca el porcentaje del 50 por ciento más un voto para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta, como se ha estado comentando, aunque precisó que ese tema no aparece en la propuesta del Ejecutivo.

Reconoció que la Asamblea Revisora es soberana una vez se reúna para modificar la Constitución, pero si se quiere introducir ese u otros temas que no han sido producto del consenso, la población se tiraría a las calles a protestar, tal y como lo hizo en el 2019 cuando el expresidente Danilo Medina quiso reformar nuevamente la reelección para buscar una tercera repostulación consecutiva.