Según reseña el periódico El Caribe de ayer, martes 17 de febrero de 2004, entre los compromisos asumidos por el gobierno con el FMI para lograr la renovación del acuerdo con dicho organismo se encuentra la obligación de fortalecer la administración tributaria calificando de criminal la evasión fiscal, porque se entiende que la misma es débil al enfrentar la evasión en el pago de los tributos por parte de los contribuyentes.

Esto significa que los ciudadanos, a pesar de haber sido afectados gravemente con los aumentos desmesurados de los precios de los combustibles y las tarifas de electricidad, con la devaluación de la moneda nacional, con la ampliación de la base impositiva a servicios y profesionales libres, con la elevación de las tasas de impuestos a ciertos productos y bienes de consumo, entre otras pesadas medidas económicas que han sido tomadas en los meses recientes, se verá perseguido, hostigado, acosado y acorralado por las autoridades tributarias que, en agresiva búsqueda de dinero para las arcas estatales, iniciarán un rastreo de supuestos evasores apoyado en la amenaza de un sometimiento judicial de naturaleza criminal.

Sin necesidad de abundar en los detalles del primero de los efectos previsibles de tal medida, relativos a que en manos del Estado degeneraría, como casi siempre, en un arma de uso selectivo para perseguir y castigar conforme a la subjetividad con que suelen manejarse los asuntos oficiales, (como una herramienta más de destrucción de vidas y de apropiación de propiedades ajenas por parte de instituciones oficiales), una incongruencia odiosa haría, además, absolutamente injusta para la sociedad no estatal la caracterización de criminal que conllevaría la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Y es que los corruptos, verdaderos culpables de las circunstancias que han llevado al país en tantos años de vida supuestamente democrática a la triste situación en que se encuentra, seguirán paseándose libres y lisonjeados en su ostentación de cargos, poder y fortuna porque, para ellos, no existe todavía ley capaz de impedir su rápido enriquecimiento personal a través de funciones públicas, ni existe Congreso capaz de legislar en su contra o de agravar las pocas sanciones existentes, ni Poder Judicial capaz de aplicarles alguna disposición que les afecte, porque los sectores o partidos a que pertenecen y a los cuales deben a fin de cuentas su bienestar, dominan todas las instituciones nacionales. De hecho, la impunidad es la verdadera regla en lo que concierne a determinados sectores de nuestra sociedad.

Y si, como se afirma con frecuencia, podrían calificarse de enormes los recursos del Estado que se desaparecen gracias a la inmoralidad con que se manejan (un amigo asegura que desde 1961 a la fecha podría cuantificarse en la suma de 50,000 millones de dólares) ¿no sería más decente perseguir primero los dineros en las manos que quienes realmente son los verdugos de la economía nacional, en vez de recrudecer la angustia de quienes nunca han ocupado posiciones públicas?