Al rendir cuentas de los trabajos del año 2003 durante la audiencia solemne celebrada con motivo del Día del Poder Judicial el pasado 7 de enero, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana se vio finalmente obligado, ante la realidad gigantesca de una administración de justicia que tiene ya siete años de retos, ofertas y promesas sólo seguidas por interminables pretextos, justificantes y excusas para su incumplimiento, a hacer un «mea culpa» y admitir parte de las graves deficiencias que deshonran esa función del Estado.

El magistrado Jorge Subero Isa reconoció «el criticado problema de la mora judicial», según apuntan los principales diarios matutinos; y aceptó que «el choque entre nuestras expectativas y la realidad produce desconfianza en el sistema, en la efectiva vigencia del principio de igualdad ante la ley y en la efectiva aplicación de las sanciones a quienes delinquen», según el único vespertino. Problemas afines a los que fueran denunciados recientemente por el Cardenal Nicolás De Jesús López Rodríguez en su disertación titulada «El Liderazgo Político dominicano en el siglo 21» en la escuela South Lawrence East de Lawrence, Massachussets, quien subrayó la existencia de graves indicios de corrupción en el sistema judicial dominicano, «precisando que como consecuencia de ese mal la justicia no funciona y no se puede creer en ella, puesto que cuando hay dinero al juez se le ablanda el corazón, lo que claramente es sinónimo de soborno».

Y era de esperarse el cambio de estrategia ante la inutilidad de tantos años de expectación, propaganda y explicaciones. Por ejemplo, esta administración judicial empezó por señalar, como la causa fundamental de su ineficiencia y corrupción, a los seres humanos que componían el cuerpo de jueces designado por el Senado en los tiempos de don Jacinto Peynado; y, salvo ciertos allegados, emprendió una sustitución generalizada en la judicatura nacional. Pero el problema no se resolvió. Luego señaló la sempiterna falta de recursos; y le fueron asignados fondos en una proporción que ese poder del Estado nunca imaginó posible manejar. Pero a pesar de tantos años con tantos recursos, el problema tampoco se resolvió. Entonces acusó a la legislación nacional; y sometió al Congreso modificaciones legales, impulsó nuevas disposiciones que le permitieron controlar en forma absoluta el destino de los expedientes y hasta dictó resoluciones con pretensiones de leyes. Con iguales resultados. Llegó hasta a acusar a los abogados de ser la causa generadora y eficiente de la grave problemática judicial. Y emprendió la más costosa campaña de relaciones públicas de que se tenga noticia en el país, a fin de crear una imagen de mejoría distinta de la realidad. Pero, a pesar de ella, el 87 por ciento de la población dominicana sigue proclamando que los cambios en la administración de justicia no han sido más que mero decorado escenográfico.

Entonces, luego de siete discursos cargados de ofrecimientos y promesas, la aplastante realidad del reinado de la impunidad selectiva y los expedientes estancados o prescritos terminó por derrotar la altisonancia, revelando la cara tras el maquillaje. Y al parecer, en un gesto desesperado en busca de credibilidad, el Presidente de la Suprema Corte procedió a un rasgado parcial de vestiduras. Sin embargo, yo no sé quién se va a fascinar de tan inesperada concesión. Especialmente a sólo días de haber «sugerido» a los jueces inferiores, ante las cámaras de los noticieros de televisión, «tener muy en cuenta cuáles son esos abogados que critican las órdenes de libertad de los banqueros», en una actitud notoriamente contradictoria con la pose que recién se estrena.

Después de tantos años de candilejas, un tardío «mea culpa» sólo parece una nueva táctica dilatoria, una moderna estrategia mercadológica de repartición de culpas que tal vez aspire a la liberación de una responsabilidad incumplida que resulta ya demasiado pesada para continuar estirando indefinidamente la permanencia de ciertos hombres y mujeres en los más altos cargos judiciales de la nación.