En el año 1997 los abogados de la República Dominicana se entusiasmaron con el surgimiento de una revista especializada que prometía mantenerse a la vanguardia con los más novedosos e importantes temas de interés jurídico: la revista Gaceta Judicial. En el gremio fueron creadas grandes expectativas por la estatura profesional de algunos de sus primeros colaboradores, tales como don Manuel Bergés Chupani, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia y don Lupo Hernández Rueda, uno de los más destacados abogados laboralistas de nuestro continente, entre otros. Por ello, las suscripciones no se hicieron esperar; entre ellas, por supuesto, la mía.

Sin embargo, un tiempo después decayeron los ánimos de quienes vimos convertirse esa publicación en un órgano más de relaciones públicas al servicio del cuerpo de hombres y mujeres designados como corte suprema por los políticos que eran parte del Consejo Nacional de la Magistratura en 1997, y de todo lo que de ese cuerpo emanara, otorgando premiaciones de excelencia a tal gestión por adelantado. Desencantada por el papel hagiográfico que había asumido la publicación periódica, y en el entendido de que es un absurdo pagar por la propaganda o por los anuncios comerciales, cancelé mi suscripción hace ya mucho tiempo. Sé que otros colegas también lo hicieron.

Recientemente, a raíz de la inesperada solicitud y posterior publicación de una consulta y una conferencia de mi jurista más admirado, volví a tener en mis manos algunos ejemplares de Gaceta Judicial. Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí el editorial aparecido en el número correspondiente a la primera quincena de enero de este año: ¡las palabras resaltaban llenas de realidad y discernimiento a todo lo ancho de la página 3! Genuino y agradable sobresalto el que me ha provocado el giro de la línea conceptual de la revista. He llegado, incluso, hasta a preocuparme por la posibilidad de haberme perdido otros escritos con alguna carga similar de denuncia y criticidad.

Por supuesto, no voy a transcribir aquí el escrito completo, pues el número en que aparece se merece ser adquirido y guardado para la posteridad. Sólo voy a citar los dos últimos párrafos de ese editorial soberbio, en la esperanza de despertar, en quienes tengan a bien haber llegado al final de estas líneas, la curiosidad suficiente para salir proporcionarse la satisfacción de una lectura sin velos ni genuflexión. Despido estos comentarios con ellos: «No seamos ilusos, la reforma judicial es un proceso en construcción sujeto a límites y condicionamientos fácticos impuestos por el poder político y económico. Nos falta mucho por recorrer. La justicia dominicana, a pesar de sus cambios cosméticos, sigue en el fondo atada a prejuicios discriminatorios y a los designios de los altos intereses del poder. Esta «justicia» asimétrica y desigual no sustenta un estado de derecho. Sus lecciones son a veces perversas y sus precedentes socavan sus propios y elevados fines.»

«El problema no está sólo en el sistema, hace falta hombres de toga con vocación auténtica de justicia que asuman con responsabilidad y entereza su rol; jueces sin poses moralistas y con carácter irreducible ante las presiones y provocaciones del entorno económico y político; jueces de la estatura de Baltasar Garzón, de coraje, tesón y compromiso. La justicia es una reserva que no podemos poner en juego. Con decisiones como estas se subvierte la fe que la nación ha puesto en esta «nueva justicia».