Víctor Santos, expresidente de la Sociedad Dominicana de Geología, consideró que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) trabaja con parsimonia en la solicitud de la licencia de explotación del yacimiento de oro del proyecto El Romero en la provincia San Juan, lo que tendrá efectos negativos para atraer nuevas inversiones.
“Esa lentitud en la burocracia afectará en la obtención de la licencia social de este proyecto, y tendrá efectos negativos en la atracción de nuevas inversiones en el sector extractivo minero-petrolero en la República Dominicana”, expresó Santos.
Recordó que han pasado más de 21 meses desde que la empresa minera Goldquest iniciara el proceso de solicitud de la licencia de explotación a través de la Dirección General de Minería (DGM), una dependencia del MEM, y todavía no ha sido aprobada.
Recientemente el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, informó a HOY que el proyecto era complejo y le habían hecho varias adendas y que su evaluación estaba en fase final.
Santos apuntó que la licencia de explotación es un paso obligatorio, ya que su aprobación permitirá a la empresa solicitar los Términos de Referencia en el Ministerio de Medio Ambiente para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, institución que determinará si la extracción del oro se realizaría de una forma ambiental y socialmente sostenible.
Criticó que después de que Goldquest pasó más de 10 años explorando y hace cinco años descubriera el yacimiento de San Juan, para lo cual invirtió RD$1,200 millones, logrando cuantificar más de un millón de onza de oro, la han puesto a esperar más de 21 meses por un permiso que no amerita una evaluación tan profunda como del MEM, pues a final de cuentas la mina será diseñada según los requerimientos de Medio Ambiente.
Apuntó que el tiempo transcurrido ha sido aprovechado por grupos contrarios a la minería para organizar la oposición a la extracción del oro, basada “en la propagación de desinformaciones, con argumentos falsos, no sustentados científicamente, manipulando las emociones de los sanjuaneros”, mientras el MEM deja sola a la empresa en la defensa del proyecto tal como sucedió con Falcondo en el caso de Loma Miranda.
Demandas sociales. El geólogo consideró que el Estado dominicano tendrá que ser más innovador en la forma de satisfacer las demandas sociales de las futuras comunidades mineras, y debería seguir el ejemplo de Perú, que empezó este año a implementar el Fondo de Adelanto Social (FAS), financiado con donaciones de las empresas y el Gobierno.
Explicó que el FAS se aplica en las comunidades donde los proyectos minero-petroleros están en etapa avanzadas de exploración y se utiliza para la construcción de obras de infraestructuras en las comunidades, tales como: hospitales, casas, escuelas, carreteras, entre otras, antes de que empiece la construcción de las infraestructuras mineras o petroleras.
“Esta iniciativa peruana está orientada a facilitarle a las empresas mineras-petroleras la obtención de la licencia social en sus proyectos”, señaló.
Santos puso de referencia los casos de Chile, Perú, y México que están disminuyendo el tiempo que se toma el proceso de la obtención de los permisos.
En el caso de Perú, ha limitado la evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental a 90 días.