La lentitud con que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo  publica los decretos firmados por el presidente Leonel Fernández genera especulaciones, desinformación  y confusión.

Antes, cada 27 de febrero y 16 de agosto, fechas en que la población espera cambios de funcionarios, los decretos eran emitidos un mismo  día y al siguiente, y desde  el Palacio Nacional fluían rápidamente las informaciones sobre designaciones o remociones porque, una vez firmados por el Presidente, eran entregados a la Dirección de Prensa, que los facilitaba  de inmediato  a los  representantes de los medios de comunicación acreditados en la casa de Gobierno.

Pero desde agosto de 2008 la mecánica  ha sido distinta, coincidente con la asunción de las   autoridades  de Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ahora los periodistas que cubren el Palacio, que están a la expectativa de los decretos, son los últimos en enterarse de las nuevas designaciones y, obviamente, el país.

Muchas veces,  la persona  designada da a conocer su decreto, a pesar de que la costumbre es que sea la Dirección de Prensa de la Presidencia.

Los decretos se “filtran” con regularidad, a pesar de que en la mayoría de los casos  nombramientos o destituciones son  manejados por el Presidente de la República y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que es la oficina  responsable  de redactarlos.

Uno de esos casos es  el decreto 355-08, emitido el 16 de agosto de 2008,  mediante el cual se designó a José Francisco Peña Guaba en la Lotería Nacional, pero la Consultoría Juridica lo dio a conocer oficialmente  13 días después, pese a que el beneficiario lo tenía en su poder desde el primer día.

Esa retención generó dificultades que fueron dilucidadas durante  días en la prensa, porque mientras Peña Guaba reclamaba su  designación, en el Gobierno no la confirmaban.

El  16 de este mes se repitió una situación parecida. En la calle, la gente aseguraba que  el ingeniero Luis Alfredo Sifres Núñez había sido designado director general de la Oficina Supervisora de Obras del Estado junto al nombramiento de la directora técnica Iris Santana y otros 13 subdirectores. El decreto, marcado con el número 432-10,  no fue entregado a la prensa cuando se dieron a conocer las designaciones del nuevo jefe policial, el ministro de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Dominicana.

Fue “volado” del grupo entregado a los representantes de los medios de comunciación  sin que se informaran las razones.

Aunque en el Gobierno se decía que no tenían conocimiento del decreto, la prensa lo tenía en su poder, lo habían “filtrado”.