El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, expuso ayer una cronología de hechos que, a su entender, indican que hay indicios no solo de corrupción, sino, también, de espionaje y vigilancia a la vida privada de los ciudadanos, en torno al caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam.
Al retomar el encuentro con la prensa denominado “La Voz del Pueblo”, desde la sede de su partido en el sector de Gascue, el expresidente cuestionó la lentitud del Ministerio Público para iniciar un proceso, pese a la documentación mostrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual en octubre del año pasado suspendió el contrato suscrito entre ambas entidades al encontrar irregularidades en el proceso de licitación. Cuestionó de qué manera una compañía inhabilitada pudo recibir pagos y mantener control sobre una infraestructura crítica como las cámaras de vigilancia instaladas en diversas intersecciones de la ciudad, algunas incluso en áreas sensibles como el Palacio Nacional. “¿Por qué una empresa privada, que debería solo gestionar el tránsito, también tiene la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles de los ciudadanos?”, preguntó. El contrato fue adjudicado a la empresa Transcore Latam para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
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“El gobierno debe aclarar lo sucedido. Es una obligación hacer esa aclaración, cuál era el pacto secreto que había y al que se hizo referencia a raíz del apagón de la red semafórica registrado los días 28, 29 y 30 de agosto; ahí hay un misterio que solo el Gobierno puede aclarar”, puntualizó Fernández.
Advirtió sobre la posibilidad de que esa empresa pueda resultar beneficiaria de futuras licitaciones estatales, como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico.
Agregó que desde la Fuerza del Pueblo estarán vigilantes para evitar violación al artículo 44 de la Carta Magna”.