POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El presidente Leonel Fernández agota su tercera semana en el Poder Ejecutivo completando la nómina de los altos funcionarios casi todos los mismos que le acompañaron en el período l996-2000, incluyendo a los que fueron procesados por irregularidades administrativas, tanto que para muchos parece un gobierno viejo.

Lo más positivo ha sido una revaloración del peso superior al diez por ciento y el mejoramiento del servicio de electricidad y del suministro de gas propano, lo que ha despertado expectativas de recuperación de la economía nacional.

Pero el arranque de este período gubernamental guarda asombrosas similitudes con el de hace 4 años, resaltando como entonces una masiva sustitución de empleados públicos en medio de las presiones de miles de militantes y simpatizantes que aspiran a un asiento  en el tren administrativo del Estado.                

UN ARRANQUE LENTO

Casi al concluir la tercera semana de gobierno todavía el presidente Leonel Fernández está emitiendo decretos con designación de los altos funcionarios y miembros del servicio consular y de los consejos de administración de las entidades autónomas del Estado.

Lo más resaltante del equipo seleccionado es que es una repetición del que le acompañó en la mayor parte de su anterior período, hasta el punto de que en los ambientes políticos se estima que se trata de «un gobierno viejo».

La variante más significativa es que ahora se incluyó desde el principio a dos reformistas en el gabinete, Carlos Morales Troncoso y Amílcar Romero, y varios más, como Leonardo Matos Berrido y Arístides Fernández Zucco en otros importantes cargos gubernamentales. En 1996 la cancillería que ahora se encargó a Morales Troncoso, fue puesta en manos del politólogo independiente Eduardo Latorre, fallecido hace dos años.

En esencia, el gobierno está constituido por altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), muchos de ellos en la misma posición que ocuparon antes, indicativo de que el presidente Fernández ha preferido aprovechar la experiencia que acumularon en 4 años. Fuera de contados cambios de una posición a otra, todos agotaron el período que concluyó en el año 2000.

La mayor crítica que se ha formulado al equipo de gobierno es que haya incluido a todos los que fueron acusados de irregularidades administrativas, especialmente los que tienen un proceso pendiente por el manejo de más de mil cuatrocientos millones de pesos en el clandestino Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME).

Se reconocen muchos aciertos en la selección de los funcionarios, pero también ha originado críticas y desconcierto la constitución de la Junta Monetaria, donde se incluyó a dos que dejaron muchos cuestionamientos en el manejo del estatal Banco de Reservas, a dos involucrados en las quiebras de dos bancos y a un empresario, honesto y reconocido, pero vinculado a una compañía aseguradora.

El hecho de que el presidente Fernández pasara buena parte del período de transición en el exterior, es señalado como causa de que agotara tres semanas en la designación de los altos funcionarios. Todavía quedan algunos por nombrar, incluyendo a los embajadores cuyo proceso es normalmente lento por requerir el beneplácito de los gobiernos donde son destinados.

DESPIDOS MASIVOS

Los despidos masivos que se verifican en los organismos del gobierno central y las instituciones descentralizadas no pueden ser sorprendentes dada la tradición y la debilidad institucional del Estado dominicano.

En cambio sí ha causado sorpresa la presión ejercida por miles de militantes y simpatizantes del PLD que en diferentes instituciones gubernamentales han protagonizado tumultos reclamando un asiento en la administración estatal, y en algunos casos llegando a desafiar las designaciones.

Los extremos de esas presiones se dieron esta semana en San Cristóbal, donde grupos progubernamentales asaltaron autobuses de la Autoridad Aeroportuaria, mientras en Barahona, Santiago y otras ciudades del interior se cuestionaba designaciones y algunos militantes llegaban a ocupar puestos sin ser designados.

Dirigentes peledeistas han cuestionado la distribución de los empleos públicos, a la cabeza de los cuales se ha situado el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, quien en dos ocasiones ha denunciado favoritismo y grupismo. Mientras los seguidores del exvicepresidente Jaime David Fernández se consideran excluidos del gobierno.

Los despidos han incluido un centenar de generales de las Fuerzas Armadas y una treintena de la Policía Nacional, entre ellos muchos menores de 50 años, aduciéndose violación de las leyes orgánicas de esas instituciones, especialmente de la 96-04 de la Policía Nacional, promulgada este mismo año. Sesenta y seis han sido ascendidos al generalato.

Una situación inédita, fruto evidente de la democratización nacional, es que por lo menos tres generales despedidos de la Policía Nacional han iniciado recursos de reclamo, tras argumentar que en sus casos y los de muchos otros se violaron los procedimientos y condiciones establecidas en su ley orgánica.

Aunque el Poder Ejecutivo puso en retiro a altos oficiales irregularmente reincorporados a las Fuerzas Armadas por el anterior gobierno, ya ha incurrido en la misma práctica, por lo menos en unos 8 casos.

La designación de 5 vicecónsules en Miami y de numerosos subsecretarios de Estado en Interior y Policía, Turismo y Deportes, por lo menos, ha sido señalado como contradictorio con el discurso inaugural del presidente Fernández y sus promesas de reducir la nómina pública.

ASOMBROSAS SIMILITUDES

Las masivas sustituciones de empleados públicos, el retiro de generales y las denuncias de irregularidades atribuidas a los funcionarios del período recién concluido guardan una asombrosa similitud con lo ocurrido hace cuatro años al inicio del gobierno perredeista.

En el 2000 también hubo una desaforada presión de los perredeístas por subirse al tren gubernamental. Tanta que la vicepresidenta y secretaria de Educación, Milagros Ortiz Bosch y el entonces Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, llegaron a reclamar públicamente que los dejaran trabajar.

Esa vez hubo un ingrediente adicional, las confrontaciones originadas en la fórmula del «dos por dos», mediante la cual numerosos legisladores, síndicos y regidores tenían el compromiso de renunciar a los dos años para dejar la curul a otros compañeros, lo que entonces se negaban a cumplir a no ser que les dieran un puesto en la administración.  Eso paralizó durante diez días los trabajos de la Cámara de Diputados y los ayuntamientos de Baní y Barahona.

El 11 de septiembre del 2000 el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, entregaba al Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General un cajón de documentos que constituirían parte del expediente del PEME que llegaría a la justicia el 24 de noviembre de ese año.

Al igual que ahora abundaban entonces las acusaciones de irregularidades como de cuentas sobregiradas, repartos de tierras estatales, y déficits generalizados, hasta en la Lotería Nacional. El 21 de agosto el presidente Hipólito Mejía había denunciado que en los últimos tres días del gobierno peledeista se emitieron cheques por mil 600 millones de pesos, de los cuales habían parado el pago de 500 millones. Ahora el secretario de Finanzas dijo que habían dispuesto paralizar pagos de cheques emitidos en los últimos días del gobierno perredeista.

En los primeros días de septiembre del 2000 Gómez Mazara anunciaba para «las próximas horas» un decreto que nunca llegó a ser emitido, para eliminar la factura consular, posteriormente reformulada. Al mismo tiempo adelantaba que enviarían al Congreso un proyecto de ley para «regular los salarios de los cónsules». Este proyecto nunca apareció y  en su discurso inaugural de agosto pasado el presidente Fernández formuló una promesa similar.

Hace 4 años, el 23 de septiembre, el secretario general del PLD, José Tomás Pérez rechazaba el retiro de altos oficiales jóvenes, citando el caso del general José de los Santos, sustituido como director de la Defensa Civil y puesto en retiro, lo mismo que acaba de ocurrir ahora al vicealmirante Radhamés Lora Salcedo.

Pérez también denunció las cancelaciones masivas en la administración pública, incluyendo -como ahora- hasta a empleados con más de diez años de servicio, en lo que denominó como «un verdadero huracán batatero».

EL PLD NO ESPERÓ 30 DÍAS

Agitado por las denuncias de corrupción, el PLD no esperó los 100 días para abrir la oposición al gobierno de Mejía. A los 25 días, el 11 de septiembre, tras una reunión de su Comité Central, el partido morado emitió un comunicado en que criticaba el aumento de precio de la gasolina y el gasoil, que el presidente Fernández se negó a ejecutar. Para entonces el petróleo se cotizaba en 34 dólares el barril.

También criticaba un reajuste de la tasa cambiaria elevada de 16.05 a 16.40 pesos por dólar. Así mismo el PLD demandaba el mantenimiento del subsidio al gas propano que ahora desmonta y la reducción del recargo cambiario del 5 por ciento en que lo dejaron a 1.75 por ciento.

El comunicado también exigía el pago de prestaciones laborales a todos los empleados públicos despedidos por los perredeístas y un reajuste salarial para los empleados públicos y los pensionados del Estado. PRD y PLD sostienen ahora posiciones inversas en cuanto a los salarios.

Esta vez los perredeístas han prometido observar la tegua siquiera de 100 días frente al nuevo gobierno, y dicen favorecer su proyecto de reformas tributarias, aunque en días pasados ya su presidente Vicente Sánchez Baret dejó entredicho que  podría reducirse si siguen los ataques contra los exfuncionarios.

Al igual que ocurrió en esta semana con el huracán Frances, el 23 de agosto del 2000 pasó por la misma ruta de la costa este y norte el huracán Debby que obligó a adoptar previsiones, pero sólo dejó fuertes ráfagas de viento y algunas lluvias que beneficiaron a la agricultura.-