El expresidente de la República, Leonel Fernández manifestó hoy que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) publicada el pasado del 12 de marzo, es un nuevo atropello a la soberanía nacional y un absurdo jurídico.

El exmandatario aclaró, a través de su cuenta de Twitter que, es obligación inexistente que el Estado dominicano no está compelido a cumplir.

“La resolución de la @CorteIDH del 12 de marzo pasado, además de ser un nuevo atropello a nuestra soberanía nacional, es un absurdo jurídico, frente a una obligación inexistente que el Estado dominicano no está compelido a cumplir”, escribió Fernández.

En una resolución publicada el pasado 23 de abril, el Tribunal Interamericano indicó que el país no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas, informó recientemente, la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en un comunicado.

El Estado dominicano no envió representación el pasado febrero a una audiencia ante la CorteIDH sobre la supervisión del cumplimiento de dos sentencias sobre los casos de dos niñas conocidos como “Yean y Bósico”, relativos a apatridia y discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.

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En ese sentido, el exmandatario Fernández aseguró que la resolución de la Corte “es algo que verdaderamente oscila entre el desatino jurídico y la incomprensión del propio texto de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Su declaración se encuentra en un artículo titulado “La Resolución de la Corte Interamericana: otro atropello a la soberanía dominicana”, publicado en el periódico Listín Diario.

Fernández sostiene que “la Corte Interamericana tendría razón si su decisión hubiese estado fundamentada en incontrovertibles consideraciones de derecho, pero considera que no ha sido así. Por el contrario, en su Resolución, el alto tribunal interamericano no ha hecho más que reiterar una constante y arbitraria práctica de pretender vulnerar nuestra soberanía nacional imponiéndonos el otorgamiento de la nacionalidad, por la vía del ius solis incondicional”, explicó.

Eso, por supuesto, además de un nuevo atropello a nuestra soberanía nacional, no constituye más que un absurdo jurídico, frente a una obligación inexistente que el Estado dominicano no está compelido a cumplir.