El expresidente Leonel Fernández normalizó la situación en la que se encuentran varios de sus excompañeros del Partido de la Liberación Dominicana sometidos a la justicia por presuntos actos de corrupción.

«Lo que uno siempre pide es que se haga conforme a un debido proceso, que se respeten los derechos individuales que están garantizados en nuestra Constitución, en el sistema procesal penal, pero todo mundo puede ser objeto de una investigación, no podemos oponernos a eso», manifestó el exmandatario al ser abordado ayer sobre la investigación denominada Operación Coral, que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa.

Indicó que si tras las indagaciones del Ministerio Público resulta ser cierto que hubo un entramado societario policial-militar y religioso que se dedicaba a la distracción de fondos públicos y al lavado de activos en organizaciones religiosas, los imputados deberán enfrentar el proceso judicial.

“Y si resulta que lo que se diga es verdad, pues no queda otra que iniciar un proceso judicial, al final hay una presunción de inocencia y corresponderá a los tribunales hacer un juicio que sea imparcial, que sea público, que sea oral, que sea contradictorio y al final habrá una sentencia que determinará la conducta de la persona”, señaló Fernández.

Fernández rindió estas declaraciones al encabezar el acto de juramentación del regidor del Distrito Nacional Aníbal Rivera, quien el pasado sábado renunció de las filas del PLD. El evento se llevó a cabo este miércoles el Club Mauricio Báez.

Están imputados en la operación Coral, el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, la pastora y asimilada de la Policía Nacional; Rossy Guzmán Sánchez, el exdirector financiero del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); coronel Rafael Núñez de Aza; los oficiales de la Policía Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la pastora).

Además el expediente de la Pepca menciona como imputados al sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz y el cabo de la Policía Nacional, adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Eric Daniel Pereyra Núñez.