El Código Penal de la República Dominicana que se encuentra bajo la lupa de los diputados, quienes estudian incluir las tres causales para permitir el aborto, también fue observado por distintas razones años atrás, por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Y es que, en el 2006, Fernández observó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de modificación al Código Penal, alegando que acusaba algunas incongruencias con el sistema que se había adoptado con el Código Procesal Penal en ese tiempo, por lo que recomendó que “el derecho sustantivo correspondiente, que se recoge en el, armonice con dicho modelo y potencie su funcionamiento».

Fernández llamó la atención sobre los textos que comprometen la responsabilidad penal de los médicos y profesionales afines, en el sentido de que se adopten fórmulas que, sin constituir privilegios, armonicen el interés de protección social y el respeto a la dignidad de dichos profesionales.

El mandatario señalaba que un aspecto que había generado mucha sensibilidad es la normativa dirigida a prevenir y sancionar la violencia doméstica y la violencia de género, ya que advirtió que previsiones que habían sido incorporadas en la legislación dominicana, a través de la Ley 24-97, habían sido abandonadas o, en todo caso desnaturalizadas.

Entre otros aspectos, Fernández citaba que el régimen de escala de penas se caracteriza por un aumento de la pena máxima imponible a los delitos, lo cual trabaría, hasta hacerlo ineficaz, el sistema de soluciones alternativas organizado en el Código Procesal al que se le reconoce el mérito de procurar la solución del conflicto, sin sobrecargar innecesariamente el sistema judicial penal.

Mientras que diez años después (2016 ), Danilo Medina lo observó en el aspecto de la penalización absoluta y sin excepción alguna de la interrupción voluntaria del embarazado.

«Con el debido respeto, deseo expresarle mis consideraciones al respecto, así como exponer las razones que me llevaron a observar esta nueva legislación tal como ha sido aprobada por las cámaras legislativas», señala la comunicación enviada al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, Medina dijo.

En sus motivaciones, el jefe del Estado citó que, aunque está plenamente identificado con el artículo 37 de la Constitución que dice: «El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte»; como presidente no puede ignorar casos que derivan en situaciones extremas.

«Como presidente de la República no puedo dejar de plantearme qué hacer ante situaciones extremas que afectan seriamente la dignidad y la propia vida de la mujer cuando se trata de ciertas circunstancias excepcionales que requieren un tratamiento diferente» señaló.

Sostuvo que el fundamento de la Constitución dominicana es el respeto a la dignidad humana; además de que la misma contiene valores, principios y normas que hay que interpretar de manera integral.

«Desde esa perspectiva, en mi humilde entender es no solo perfectamente constitucional, sino cónsono con los valores predominantes en la sociedad dominicana, el establecimiento de una excepción a la penalización del aborto cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo fuese el resultado de una violación o incesto, o cuando se determinase clínicamente que el feto contiene una malformación que haga inviable la vida del concebido», resaltó.

Agregó que, en estos casos, «se trata de circunstancias extremas, lamentables, pero que ocurren en la vida diaria, a lo cual nosotros, como representantes legítimos del pueblo, debemos dar respuestas de conformidad con el Constitución y con nuestros propios valores».

Medina aclaró que esas observaciones no tenían como finalidad imponerle a la mujer embarazada en tales circunstancias extremas la obligación de elegir la interrupción del embarazo, sino permitirle en condiciones de salubridad y seguridad para su vida, decidir sin temor de que la sanción penal se añada a la tragedia que ya ha tendido que vivir.

Ayer, El Poder Ejecutivo encabezado por Luis Abinader, designó una comisión de abogados para dar «sugerencias» a los diputados que estudian el nuevo proyecto de ley del Código Penal.

Los miembros de la delegación «vienen a la Comisión Especial (que estudia el proyecto) a rendir algunas sugerencias», sostuvo el presidente de dicha delegación, el diputado Alexis Jiménez.

Indicó que la comisión a cargo del proyecto «va a leer en sesión permanente las recomendaciones hechas por el Poder Ejecutivo”.

«Hasta que no demos este informe al hemiciclo y sea el liderazgo de la Cámara de Diputados quien decida sobre esta pieza final, nosotros nos vamos a mantenernos en sesión permanente», afirmó.