Cuando el presidente Leonel Fernández introdujo el tema de la reforma constitucional a su regreso al poder en el 2004, no sentí entusiasmo.

Tenía la convicción de que nuevamente el motivo principal de la reforma era cambiar el sistema de elección presidencial, aunque ese objetivo se enmascarara en una reforma integral; y además, las reformas constitucionales que se realizan cuando predomina una fuerza política (cualquiera sea su orientación) producen textos que expresan fundamentalmente los intereses del grupo dominante. En este caso eran fuerzas conservadoras.

Para ilustrar mi planteamiento voy a referirme a tres artículos aprobados en la Constitución de 2010 que representan retranques para el avance de los derechos democráticos en República Dominicana: el Artículo 124 sobre la elección del presidente, el Artículo 37 sobre la vida, y el Artículo 18 sobre la nacionalidad.

La Constitución de 1966 estableció la elección presidencial consecutiva e indefinida afín al proyecto continuista de Joaquín Balaguer. Para sacar a Balaguer del poder se aprobó en 1994 una reforma constitucional que estableció la elección presidencial indefinida pero no consecutiva. Balaguer se fue en 1996.

En el 2002, Hipólito Mejía impulsó la modificación constitucional de la elección presidencial para repostularse en el 2004. Estableció la reelección consecutiva una vez y nunca jamás.

El nunca jamás impedía la repostulación de Fernández después de 2008, razón por la cual en la reforma constitucional de 2010 se estableció nuevamente en el Artículo 124 la elección presidencial indefinida no consecutiva. Ahora Fernández, Mejía y cualquier otro presidente puede aspirar por siempre.

El problema principal con esta fórmula de elección presidencial en países de tradición personalista y baja institucionalidad como República Dominicana, es que fomenta el caudillismo contrario a la institucionalidad democrática.

El Artículo 37, mejor conocido como el Artículo 30 en el ante-proyecto de reforma, indica que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esta definición de la vida corresponde a una agenda religiosa conservadora que busca prohibir el aborto en toda circunstancia.

Las religiones tienen derecho de predicar a sus feligreses lo que deseen, pero en una sociedad democrática no pueden imponer sus dogmas a toda la población, y es a toda la población que una Constitución representa y para quien se aprueban las leyes.

La interpretación liberal que hacen abogados como Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez de que el Artículo 37 no prohíbe el aborto es correcta, pero el uso real que dan las fuerzas conservadoras dominicanas a ese Artículo es de prohibición absoluta del aborto.

Como en República Dominicana ni los gobiernos ni las cortes tienen independencia real de las jerarquías religiosas, el Artículo 37 establece de hecho una violación a los derechos de las mujeres a la vida y a una vida digna.

El caso reciente de “Esperancita” muestra cómo el derecho a la vida de una mujer puede estar en peligro ante la cobardía e ineficiencia de las autoridades públicas para ofrecer tratamiento adecuado cuando peligra la vida de la embarazada.

El Artículo 18 sobre la nacionalidad representa para República Dominicana un gran reto nacional e internacional. Niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano. Pero resulta que República Dominicana ha permitido por décadas una migración masiva de haitianos para el trabajo por bajos salarios en la agricultura y la construcción.

Muchos de esos inmigrantes se quedan en el país y procrean, pero sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos nacidos en República Dominicana nunca tendrán derecho a ser dominicanos, según la Constitución de 2010. ¿Qué harán con ellos las huestes conservadoras, los lincharán?