POR ROSA ALCANTARA
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, ingeniero Ramón Alburquerque, afirmó ayer que el presidente Leonel Fernández no puede eludir su responsabilidad con respecto a los contratos y préstamos que recientemente han escandalizado a la sociedad dominicana.

Responsabilizó al mandatario por haber autorizado el envió al Congreso Nacional de los contratos para la construcción de la Isla Artificial y el préstamo por 132 millones de dólares para la compra de equipos  y modernización de la Policía Nacional. Explicó que fue el presidente Fernández quien otorgó mediante decretos sendos poderes a las secretarías de Obras Públicas, Finanzas e Interior y Policía  para que elaboren los contratos y luego con su firma  los envió al Congreso Nacional solicitando su aprobación, “por lo que no puede eludir su responsabilidad en esto bochornosos actos”.

Señaló que Fernández otorgó un poder especial al titular de Obras Públicas, el 15 de junio del año pasado, en el cual le autoriza a suscribir a nombre del Estado un contrato con la empresa Santo Domingo Development, para la realización del proyecto Novo Mundo 21 o Isla Artificial, que comprende planificación, diseño, estructuración financiera, financiación, desarrollo, construcción, promoción, alquiler, venta, otorgamiento de concesiones, explotación y administración de terrenos en áreas públicas, edificaciones en las áreas marítimas contigua a la costa Sur de la ciudad de Santo Domingo con una superficie de un millón de metros cuadrados. “Ese engendro fue creado por Leonel Fernández, con el otorgamiento del poder especial a la Secretaría de Obras Públicas  y para  que pudiera ser aprobado por los diputados  tuvo  que enviarlo el Poder Ejecutivo. ¿Porqué culpar a los congresistas  antes de culpar a guíen los envió?”,  expresó Alburquerque.

Dijo no explicarse las razones por las cuales el presidente Fernández se pone a concebir proyectos de esa naturaleza y ahora pretende sacarle el cuerpo, “rompiendo la soga por lo más delgado”.

Indicó que con ese “engendro” que Fernández envió a la presidencia del Senado el 29 de septiembre del 2005, pone en juego el interés nacional, lo que a su juicio constituye un delito grave.  

Recordó que ningún secretario o funcionario, cualquiera que sea su rango, no puede enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley  ni un contrato, y quien lo puede hacer según nuestras leyes  es  el Presidente.

Agregó que la Constitución de la República sólo le concede al Congreso el rechazo o la aprobación de los contratos enviados por el Poder Ejecutivo, sin que este pueda cambiarle ni siquiera  una coma, razones por las cuales no se le puede modificar nada. Admitió que los legisladores del PRD que aprobaron el contrato violaron las instrucciones que se les dio para que rechazaran la pieza, por lo que incurrieron en un delito que será conocido por el Departamento de Disciplina, para la aplicación de sanciones. “Es deseo del PRD de que el país sea saneado, pero tenemos que empezar por el Presidente, que no haga esas cosas, que no provoque esas tentaciones y que la cadena no se rompa por el último eslabón “, expresó el presidente del PRD.

Dijo esperar que el presidente Fernández no esté implicado en nada de eso, pero al mismo tiempo se pregunta “si no lo está por qué firma cosas así, por qué las concibe, por qué autoriza que se negocie”. Por otro lado, dijo que cuando la Comisión de juristas del partido rinda su informe sobre la propuesta que hará sobre la Reforma Constitucional, el PRD estará presente en las reuniones que se celebren  en pos de una Carta Magna con participación popular mediante la Constituyente, expondrá su visión, la forma en que debe hacerse y los temas que debe abordar.

No obstante, sostuvo que no hay ningún tema que se exponga para la modificación de la carta Magna, que no lo haya hecho el partido, porque siempre ha estado a la vanguardia de las reformas sociales, económicas, políticas y medio ambientales.

Afirmó en otro sentido que las negociaciones que realiza Bienes Nacionales, traspasando gran parte de sus funciones a una empresa privada, debe ir al Congreso estimando que es muy peligroso porque lo pusieron en ejecución previamente.

Detalló que hay instituciones estatales que tienen estructuras corporativas, entre ellas el Banco Central, que puede decidir cosas sin pasar por el Congreso, pero Bienes Nacionales y las secretarías de Estado son del Gobierno Central y no pueden hacer negociaciones de esa naturaleza.

Aseveró que poner en ejecución esos contratos antes de su aprobación en el Congreso, violando groseramente la Constitución de la República, están viciados, razones por las cuales no deben ni siquiera ser enviados y proceder a la cancelación de los mismos.

Pidió a las autoridades a enrumbar el país por el camino correcto evitando todas esas cosas, que no los haga el Presidente de la República.