BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Hay que celebrar, así como usted lo lee, celebrar que el ciudadano Presidente de la República haya accedido a reunirse con dirigentes de los síndicos municipales del país. Desde mucho antes de presentarse la diferencia que enfrenta a los alcaldes de los municipios con el Poder Ejecutivo, a propósito de los ilegales recortes presupuestarios, esta gente hace gestiones por múltiples vías para encontrarse con el jefe del Estado.

Cuando el año pasado me enteré de esta situación, conversando con un dirigente de la Federación Dominicana de Municipios, no lo pude creer. Me parecía una exageración o una diligencia mal encaminada. Pero la realidad era otra. Los esfuerzos se habían hecho pero las respuestas nunca llegaron.

El Presidente de la  República ha tenido pocos contactos con los síndicos del país, antes y ahora. Pero no se crea que eso solo ocurre con los alcaldes pertenecientes a partidos opositores al gobierno. También pasa con los síndicos que militan en el Partido de la Liberación Dominicana y en organizaciones aliadas de éste. Si la razón es personal o política, no lo sé. Pero me parece un hecho extraño que contradice, además, cierta postura de diálogo que exhibe el jefe del Estado.

En el cuatrienio pasado al doctor Fernández le pasaba algo similar con los dirigentes de los choferes del transporte público. Nunca estuvo en disposición, o casi nunca, para recibir a estos señores que controlaban casi todo el transporte de pasajeros en la República Dominicana y que habían entrado en conflicto con el gobierno debido a los cambios que se promovían desde Amet y desde la Omsa.

Los ayuntamientos constituyen una de las instituciones fundamentales de la organización territorial del país y, posiblemente, los órganos de servicios que están más cerca y más a la disposición  de los ciudadanos. Y los síndicos son, por consiguiente, los funcionarios más vinculados al pueblo, a la gente, a sus necesidades, a sus alegrías y a sus sueños.

Desde 1966 en adelante los ayuntamientos han sido muy maltratados por los gobiernos y, particularmente, por los huéspedes del Palacio Nacional. Estos no han comprendido el valor de su servicio, o no han querido entenderlo. Balaguer los mutiló, los empobreció, los prosternó y les quitó sus funciones. Los gobiernos posteriores hablaron de cambiar el estilo, el financiamiento y su manera de relacionarse con los cabildos y con sus funcionarios, pero aquello no pasó, como suele ocurrir, de la retórica.

La gran diferencia la estableció la administración del Presidente Hipólito Mejía, que hizo posible la aprobación de una ley de financiamiento que dio nueva vida a los cabildos. Los aportes que esta ley contempla, el 10% de los ingresos fiscales, no es ni por asomo lo que los ayuntamientos necesitan y merecen, pero es un buen punto de partida. Los resultados están a la vista de todos.

Sin embargo, esta administración ha mutilado el alcance de la ley y, de manera envalentonada, pretende quedarse con parte de los recursos que pertenecen a los cabildos.   Pero los señores síndicos no deben permitirlo, aunque tengan que recurrir a las manifestaciones públicas y a los tribunales de la República. Así deben hacérselo saber al ciudadano Presidente de la República, con gentileza y con respeto, pero con toda la firmeza posible. Los ayuntamientos deben contar los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de sus territorios.

Mientras, hay que celebrar que el jefe del Estado se reunirá mañana con los señores directivos de los síndicos, aunque hasta la fecha no le haya fijado la hora.
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