El presidente Leonel Fernández aseguró ayer  que una mayor inversión en la educación no representa una garantía para aumentar la calidad de los estudiantes, realidad que, dijo, ha quedado demostrada en Francia, Gran Bretaña, Brasil y México, entre otras naciones, donde se destina más del 5% del producto  interno bruto (PIB), para la educación.

Sobre el reclamo de distintos sectores para que se incremente la inversión en la educación, en cumplimiento de la Ley 66-97,  recordó que en distintas oportunidades, incluso ante la Asamblea Nacional, ha expresado la necesidad de un aumento gradual y sistemático en el sector educativo nacional.

 “No obstante, considero que si bien la inversión en educación es necesaria e importante, no constituye una causa suficiente para garantizar su calidad, que es el efectivo central de todo sistema educativo moderno del siglo XXI”, dijo el jefe de Estado, quien aseguró que “sólo la educación salva a la República Dominicana”.

Sostuvo que, en consecuencia,  el aumento de la inversión en educación debe hacerse dentro de un plan nacional, coherente e incluyente, de mediano y largo plazo, y no en forma abrupta.

Señaló que  el contenido de ese pacto, extraído del Plan Decenal de Educación de las distintas instancias educativas del país,  ha sido objeto de amplias consultas y  reiteró su compromiso de impulsarlo para que entre todos asuman la responsabilidad de hacer de la escuela un espacio de saber, de ciencia, de cultura, de valores y de transformación social.

Fernández  destacó  que el presupuesto de  2011, que ha sido aprobado por un monto de 55,308 millones de pesos, representa un incremento de 500 por ciento para la educación, con respecto al del 2004.

«Esto, a su vez, significa que desde los orígenes de la actual gestión administrativa ha habido un aumento anual de la inversión en educación de un 100 por ciento», precisó el mandatario dominicano.

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El Presidente  pronunció su discurso de rendición de cuentas ante el vicepresidente, doctor Rafael Alburquerque; la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, el presidente de la Suprema Corte, ministros de su gabinete, representantes del cuerpo diplomático y consular acreditados en el país, dignatarios eclesiásticos, empresarios,   legisladores, dirigentes políticos, entre otros.