Leonel: sociedad enfrenta retos
de narco y el crimen

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POR VICENTE SOBREVELA
El presidente Leonel Fernández citó ayer como grandes retos y desafíos para el gobierno, la justicia y sociedad dominicana, combatir y derrotar la criminalidad, el tráfico de drogas y la corrupción pública y privada.

Fernández hizo el planteamiento en un discurso en el acto de inauguración en el Centro de los Héroes del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en presencia de funcionarios del poder Judicial, representantes diplomáticos e invitados especiales.

«En estos momentos los dos grandes desafíos que tenemos por delante se refieren a la ola de criminalidad, de la red de narcotraficantes en la República Dominicana, y al problema de la corrupción, en el ámbito de la administración pública y del sector privado», precisó el jefe del Estado.

Fernández manifestó que así como se ha avanzado en el pasado en hacer evolucionar el aparato judicial, también dijo que está convencido que derrotará la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción, con la participación de todos los ciudadanos de buena voluntad.

El jefe del Estado dijo que la criminalidad se ha incrementado por «un elemento de perversidad de la globalización, fruto del carácter transnacional del narcotráfico».

La droga llega al país desde afuera, dijo, y ha creado un mercado de consumo que no existía, estableciéndose en áreas de marginalidad, como una forma de procurar recursos fáciles formando parte de la sobrevivencia de jóvenes.

Fernández dijo que en la lucha contra esos males, el país se enfrenta ante algunos dilemas de carácter institucional.

Dijo que recientemente fue puesto en vigencia el Código de Procedimiento Penal, fruto de una iniciativa del gobierno que encabezó desde el 1996 al 2000, cuando comisionó a un grupo de juristas, para aportar proyectos de reformas al Código Penal y otros.

Explicó que la puesta en ejecución del nuevo Código «no es más, que la primera expresión del proceso de reforma, a la legislación sustantiva.»

Dijo que el país experimentó una coincidencia en el tiempo, en el incremento del índice de la criminalidad, con la puesta en funcionamiento del Código de Procedimiento Penal y algunas analistas han llegado a creer que el índice de criminalidad es una consecuencia, «de cierto carácter benigno que presuntamente tiene».

Afirmó que ese nuevo Código responde a una nueva necesidad emanada de la sociedad dominicana, «ya que en el pasado veíamos con preocupación, cómo algunos preceptos constitucionales, garantías establecidas en algunos tratados de derechos humanos, no eran plenamente respetados en la República Dominicana.».

Indicó que la prisión preventiva se prolongada demasiado, seguida de una dilación de los procesos judiciales, por lo que no había una plena garantía a los principios de la libertades individuales.

Precisó que es obedeciendo a una necesidad de respuesta a esos problemas en el ámbito de las libertades individuales, que surgió le nuevo Código Procesal Penal.

«Este código lo que busca es garantizar la libertad individual, como expresión natural de la convivencia civilizada de los seres humanos, los preceptos constitucionales y de las garantías establecidas en tratados de carácter internacional y asumidos ya como ley en el país», dijo.

Indicó que algunos han creído que la aplicación del Código crea un terreno positivo para actores de la criminalidad.

«Entendemos que no hay ninguna vinculación entre la aplicación de este Código y el incremento de la criminalidad en nuestro país», precisó.

Dijo que el país tiene ahora el reto de conciliar «un código que garantiza las plenas libertades concebidas en nuestro Constitución y una sociedad que se ve penetrada por factores exógenos, hacia una situación de criminalidad que antes no habíamos tenido en el República Dominicana.».

Dijo que está convencido que con el apoyo y la experiencia de los magistrados que integran los distintos órganos, «empezaremos a dar una respuesta adecuada, institucional a este problema de la criminalidad.

Fernández abogó para que factores políticos y particulares no incidan en la buena administración de justicia, «y que todos los actores que acudan a la justicia sepan que los jueces están para condenar a los culpables, liberar a los inocentes y resarcir a las víctimas de los daños causados».

Manifestó que cuando se logre esto, el país habrá pasado de una etapa de simple aplicación de las normas jurídicas, a otra en donde se aplican normas ideales de justicia, que finalmente es la aspiración de todos.

Fernández concluyó su discurso poniendo a disposición del poder Judicial todo el apoyo del gobierno, especialmente en lo relacionado en los programas de continuar la labora de reforma y modernización de la justicia.

Precisó que no existe una plena democracia y consolidación de la misma, donde no exista un poder judicial independiente, que tenga el compromiso de garantizar la seguridad jurídica, la libertad de la ciudadanos, la aplicación plena de los preceptos constitucionales.

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