Hoy 
UBALDO GUZMAN MOLINA
u.guzman@hoy.com.do
La Junta Central Electoral (JCE) entregará mañana los certificados de elección al presidente Leonel Fernández y el vicepresidente Rafael Alburquerque, electos para el período 2008-2012.
El anuncio fue hecho ayer por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien informó que el acto se realizará en el auditorio del tribunal de elecciones las 11:00 de la mañana.
El pleno de la JCE firmó la resolución que declara a Fernández y Alburquerque ganadores para gobernar el próximo cuatrienio.
Será la segunda vez que Fernández recibe el certificado en la sede de la JCE.
Hablando en su despacho, Castaños Guzmán dijo que el auditorio es un lugar ideal para esa ceremonia.
Indicó que cuando le comunicó al presidente Fernández que el acto se celebraría en el auditorio, el mandatario estuvo de acuerdo.
Indicó que la JCE le remitirá al presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, copia de los certificados, los boletines y la resolución de los ganadores del pasado torneo electoral, para que proceda a su proclamación y posterior juramentación.
En tanto, el pleno de la JCE adjudicó al consorcio RsmBepam-PIH-SMA la realización de una auditoría legal, financiera e informática al contrato JCE-SOMO. Le pagarán US$553,000.
Fiscal electoral
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, favoreció ayer la creación de un fiscal electoral, contemplado en la modificación a la Constitución.
Expresó que la JCE necesita ese fiscal electoral para la persecución de los delitos electorales y la acumulación de las pruebas.
Recordó que los delitos electorales están en el Código Napoleónico, instaurado aquí durante la ocupación haitiana (1822-1844).
Indicó que en la historia republicana nunca se le ha pasado una causa a nadie por un delito electoral, porque ha sido letra muerta.
Dijo que la Ley 275-97 contiene un capítulo de los delitos y los crímenes electorales.
Sin embargo, dijo que falta una herramienta para su aplicación.
Indicó que el hecho de llevar los delitos electorales a una jurisdicción represiva y a tribunales ordinarios no ha funcionado.
Cree que a la Cámara Contenciosa de la JCE debe tener atribución para juzgar esos delitos.
