Los cambios en la Constitución dominicana sobre la reelección presidencial reflejan las inconsistencias ideológicas y los intereses particularistas que han dominado la política dominicana.

En el periodo 1966 al presente, la Constitución ha establecido tres modalidades distintas de reelección.

De 1966 a 1994 se permitía de manera indefinida, y Joaquín Balaguer hizo uso de esa prerrogativa para prolongar su poder personalista.

Los presidentes Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco desecharon la posibilidad de reelección, se dice que por principios anti-reeleccionistas del PRD.

En la práctica, sin embargo, es posible que se debiera a que José F. Peña Gómez tenía el principal liderazgo, pero se encontraba inhabilitado para ser candidato presidencial por razones político-raciales. El fuerte faccionalismo que Peña arbitraba, dificultó entonces recurrir al reeleccionismo.

Luego, aunque Peña Gómez nunca fue electo presidente, se postuló consecutivamente en tres elecciones: 1990, 1994 y 1996. De haber ganado alguna, quizás se hubiese embriagado con el reeleccionismo.

En la reforma constitucional de 1994 se eliminó la reelección indefinida y se estableció de manera no inmediata. Es decir, un presidente podía postularse nuevamente después de permanecer un período fuera del poder.

Esta modalidad permitió a Balaguer presentarse en el 2000, aunque la idea original de la reforma de 1994 había sido que, como Balaguer no podía candidatearse en 1996, quedaría fuera del poder para siempre por su edad. Testarudo al fin, Balaguer regresó al ruedo electoral al borde de su muerte.

Insatisfecho con el impedimento de reelección inmediata, Hipólito Mejía promovió la reforma constitucional de 2002 que estableció la reelección presidencial por un segundo período consecutivo, sin posibilidad de reelección posterior.

Con ese nunca jamás, Mejía buscó apaciguar las fuerzas opuestas a su reelección, mientras recababa aprobación congresional. Alegres o a regañadientes, casi todos los perredeístas se adhirieron al reeleccionismo.

Ahora, el Congreso Dominicano se prepara para debatir otra reforma constitucional y se habla nuevamente de ampliar las posibilidades reeleccionistas. En esta ocasión, la razón es que el presidente Leonel Fernández no tiene ya posibilidad constitucional de postularse.

De nuevo predomina la inconsistencia ideológica y el particularismo de los políticos dominicanos.

En el mundo existen diversas disposiciones con respecto a la reelección. Hay países que la prohiben totalmente, países que la permiten indefinidamente, países donde sólo se permite una vez inmediata, y países donde se permite pero no de manera consecutiva.

En América Latina, la tendencia durante los procesos de apertura democrática fue limitar las reelecciones. Posteriormente, sin embargo, se ha dado marcha atrás en algunos países como Perú y Colombia.

En el caso dominicano, una reforma constitucional que permita la reelección indefinida, o después de uno o dos períodos de concluir un mandato presidencial, beneficiará a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía.

Sus seguidores en el Congreso estarán muy tentados a aprobar el cambio para habilitar electoralmente a sus líderes, y contarán para hacerlo con el apoyo de reformistas siempre adictos al reeleccionismo.

Pero estos congresistas deben saber que con esa medida no harán un favor a la República Dominicana ni a sus partidos.

El país no necesita una próxima década con nuevos caudillos que copen la política. El PLD y el PRD deben producir nuevos líderes con capacidad de cautivar el electorado y gobernar.

Siempre he defendido que se permita una reelección presidencial inmediata, para que el electorado tenga la opción de ampliar por un período la gestión de un presidente. En este sentido, el sistema actual dominicano debe mantenerse.

Pero un excesivo reeleccionismo fomenta el personalismo, que es contrario a la institucionalidad que requiere una democracia. Hipólito Mejía gobernó un período y fracasó en el intento por gobernar otro. Leonel Fernández habrá gobernado tres períodos al concluir el presente mandato.

Ambos políticos deben ahora contribuir a revitalizar sus partidos, fomentar el surgimiento de nuevos líderes políticos, y consolidar la democracia dominicana. No deben insistir en perpetuarse en el poder para su propio beneficio.