Cuando se habla de corrupción de los países, la República Dominicana y sus nativos destacan por el nivel de tolerancia que tienen frente a los hechos inmorales y las personas que infringen las leyes reguladoras de la vida social y política.
La corrupción entró al país con los conquistadores engañando a los inocentes taínos con el trueque de oro por espejos y las chucherías con las que hipnotizaron y sembraron la desconfianza entre los primeros habitantes de la hoy República Dominicana.
Durante la colonia, los funcionarios de la Corona utilizaron sus habilidades para acumular recursos, sustrayendo para sí parte de los tributos que había que enviar a los reyes. Estos robos eran conocidos por todos los que participaban del poder y ocurrían hasta que la denuncia llegaba a España.
La corrupción practicada en el país puede considerarse una de las Primacías de América que ostentamos, consolidada con el tiempo en el tejido social y político dominicano. De ella se valen los políticos de nuestros países para escalar posiciones y enriquecerse.
En el 1502 Cristóbal de Santa Clara la estrenó agenciándose el puesto de tesorero de la Colonia, con el cual se lucró y acumuló poder valiéndose de su amistad con Nicolás de Ovando, según describe Andrés L. Mateo en uno de sus interesantes artículos sobre este tema.
Sin embargo, la corrupción y el abuso de poder se consolidaron en la sociedad dominicana en la era del sátrapa Rafael L. Trujillo. Él y sus correligionarios establecieron la estructura para el enriquecimiento ilícito impune de quienes dirigen el Estado, logrando incluso que el pueblo considere normal que para aquellos que ocupan posiciones en el Gobierno es lícito enriquecerse robando al erario.
Los mecanismos de enriquecimiento desde el Estado, imitados por los sucesivos gobiernos a partir de la Primera República, son el abuso de poder, el nepotismo, el testaferrato y la prevaricación.
Durante la dictadura, Trujillo convirtió el Estado en la fuente de generación de su riqueza. Todas las empresas y medios de producción los ponía a nombre de su esposa María Martínez y otros testaferros a quienes usaba con los mismos fines, nombrándolos en las instituciones clave y así controlar toda forma de producir riqueza y todos los negocios.
Desde que Trujillo logró insertarse en el Estado como coronel del Ejército, desfalcó a esa institución, fechoría de la que salió impune a pesar de que se formó una comisión para investigar el robo.
Designar comisiones para que se investiguen los asuntos del Estado es la fórmula de los gobiernos deshonestos para proteger a los autores de robos, asesinatos, expropiaciones, ventas ilegales de tierra, crímenes, contrabandos, falsificaciones y de las confrontaciones políticas y económicas, para que la población permanezca tranquila y no reaccione pidiendo justicia y freno a las tropelías y desmanes de quienes ostentan el poder.
Con el tiempo esta historia ha colmado la paciencia del pueblo dominicano que demanda poner fin a tanta impunidad, desvergüenza y desventura.