El pueblo dominicano vive momentos estelares en la construcción de una democracia real abriéndose paso, a la brava, para establecer los nuevos fundamentos éticos y legales en los cuales considera debe estar basado el Estado, el desarrollo de la nación y las instituciones.
En los últimos veinticinco años l@s dominican@s esperaban cambiar sus vidas con mejores empleos, resolver los problemas de vivienda, salud y alimentación y aumentar el poder adquisitivo, sin embargo, mientras se afanaba en la espera, veían surgir nuevos ricos, grandes torres, plazas y elevados, funcionarios y legisladores prósperos y bien ataviados con trajes de más de 20 mil dólares, entre otros dispendios que, a la postre, colmaron el vaso de la espera.
El pueblo se dio cuenta de que donde viva o esté, debe levantar la voz, denunciar el desorden, la injusticia, el robo, el abuso de poder, el engaño social y político, el dolo, la corrupción, los privilegios, el crimen, el mal uso de los recursos públicos y las violaciones a los derechos humanos.
La población se escandalizó con el conocimiento de las medidas de coerción a 13 ciudadanos funcionarios y exfuncionarios del presente y pasados gobiernos implicados por la Procuraduría general de la República en los sobornos y la sobrevaluaciones de Odebrecht, evidenciando este hecho que el rechazo de la población al comportamiento de autoridades y políticos de primer orden no es infundado y que los culpables de esos hechos deben ser castigados por la justicia.
El tema es que la ventilación del proceso para las medidas de coerción a los imputados, evidenció, según expertos en Derecho, que los expedientes de varios de los encartados carecen de los elementos probatorios que originaron su apresamiento, lo que ha creado en la conciencia popular la idea de que, en realidad, se trata de un montaje con el que se pretende diluir el escándalo en el tiempo y no se haga justicia.
Lo innegable es que el desorden existente es mucho mayor que el que se dilucida. En otras instancias y proyectos también se han producido actuaciones contrapuestas al marco jurídico y a las buenas prácticas de gobierno que han sido denunciadas insistentemente y las autoridades no le han dado el crédito, es como si fueran ciegos, sordos y mudos.
La confianza en que la justicia actúe como debe ser es mínima y puede ocasionar que la población, que a soto voces dice que los principales culpables no serán apresados y muchos de los encartados saldrán absueltos al ser juzgados por jueces parcializados con el Gobierno y las autoridades en el poder, se enardezca exponiendo el país a una situación conflictiva en la que nadie se beneficiaría.
Para salir de este estado es necesario un cambio de actitud de los diversos sectores políticos y sociales y que cada quien analice la forma como va el país, se auto critique y se imponga actuar de manera distinta a como se ha estado comportando.
El país respira un aire enrarecido por el descontento popular, la gente está inconforme con el comportamiento de la clase política que maneja el Estado y se comporta como si no tuviera ninguna responsabilidad con la población.