España y la República Dominicana compiten en corrupción administrativa con sucesivos escándalos de dolo al erario en los que figuran funcionarios acusados de manejos turbios de los recursos del Estado y tráfico de influencia.
La prensa española publica frecuentemente escándalos de los que se acusa de defraudar al Estado a funcionarios y exfuncionarios del Partido Popular (PP) en el poder y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
A diferencia de aquí, en España las que actúan contra los desafueros son las instituciones responsables de velar por la transparencia en los asuntos públicos, mientras que en República Dominicana los organismos creados para esos fines se dan por desentendidos.
Actualmente, en los tribunales españoles se siguen procesos contra empresas que tienen subsidiarias en la República Dominicana y otros 20 países latinoamericanos, lo que lleva a no descartar que, en el algún momento, exploten otros escándalos donde se involucre a algunos criollos.
Entre las empresas investigadas por la justicia española están la operadora del Canal del agua Isabel II; la Indra, compañía a la que la Junta Central Electoral le compró los escáneres para las elecciones y que no funcionaron; la OHL encargada de adjudicar los Contratos Públicos, entre otras.
Canal del Agua Isabel II tiene en América Latina la subsidiaria colombiana INASSA asociada en la República Dominicana AAA Dominicana incorporada en el año 2000, cuyo accionista principal es Ángel Rondón, preso en la cárcel de Najayo por su presunta participación en el caso de la Odebrecht.
La prensa española no descarta que Rondón fuese que distribuyera los sobornos de Odebrecht en ese país. Aquí se le atribuye haber aprovechado sus relaciones con el Gobierno para conseguir el contrato de gestión del cobro del agua en el Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CASD).
Indignantes recuerdos constituyen la Unión Fenosa, ENDESA y otras compañías vinculadas al negocio y los fraudes eléctricos. Los acuerdos de Madrid que impusieron a la población pagar la energía según los costos de la planta más ineficiente, un ejemplo de cómo las empresas corruptas españolas, estafaron la sociedad dominicana con la intermediación de políticos de ambas naciones.
Todavía están patentes la amistad de Felipe González y el fallecido líder perredista José Francisco Peña Gómez, del ámbito político liberal social demócrata y de José María Aznar del Partido Popular con el líder del Partido Reformista Social Cristiano Joaquín Balaguer del ala conservadora y luego con una parte importante del actual partido gobernante, principalmente con el expresidente Leonel Fernández: Dios los crea y ellos se juntan.
Hemos sumado a nuestra propia corrupción los turbios negocios amparados en las relaciones bilaterales de partidos y gobernantes de ambos países, usadas para hacer “inversiones” personales con la ayuda de “amigos” bien relacionados que, sin dudas, facilitaron las operaciones.
No sólo de Odebrecht y Brasil vienen los sobornos, las sobrevaluaciones y los contratos dolosos; España también existe y compite con méritos sobrados y propios en asunto de corrupción.
¡Olé!