La libertad de Expresión no vale nada sin la libertad de Pensamiento
José Luis Sampedro

De una querida y admirada amiga aprendí que para que las leyes sean funcionales y cumplan el cometido para el que fueron creadas se necesita que los (as) ciudadanos (as) las utilicen y reclamen su aplicación.

He llegado a pensar que su concepto de la validez de las leyes es correcto. La práctica dominicana nos enseña que la mayoría de las veces cuando los ciudadanos insisten en exigir la aplicación de una ley pueden pasar años, pero finalmente los jueces tienen que darle cumplimiento.

En este país la debilidad en la aplicación de las leyes es tal que en el inconsciente colectivo existe la certeza de que tenemos leyes para regular todo, pero ninguna se cumple ni funciona y es que, en nuestra sociedad, las leyes carecen de peso; nadie las respeta ni quienes las infringen reciben el castigo que les haga sentir cuánto debe pagar por violarlas.

La gente critica la inconsistencia en la aplicación de las leyes en la República Dominicana, donde basta con que a alguien con poder se le ocurra una idea prohibida por la ley y de inmediato encuentra los aliados que le facilitan pasar por encima al ordenamiento jurídico vigente, cambiar las normas o acomodarlas a sus requerimientos para satisfacer sus deseos.

Es lamentable que en el país la observancia de la ley no es para administrar justicia, sino para redistribuir el poder, validar injusticias acumuladas o ensañarse contra alguien: lo hace un simple raso, un ricachón, un militar de alto rango, un funcionario público o privado, alguien vinculado a algún estamento del Estado y hasta los presidentes de la nación, cuando se les ocurre cualquier asunto vedado por la legislación.

Las dominicanas y los dominicanos debemos concienciarnos de nuestros derechos: humanos, sociales y políticos, de los valores y los deberes que norman nuestras vidas y de cómo se vive en un país erigido como un Estado democrático y de derechos.

La democracia se fundamenta en leyes que les aseguran a los habitantes vivir en una sociedad que les garantice desarrollarse bajo normas establecidas con consentimiento de todos y todas a través de un debate donde se defina la manera cómo quieren vivir y cómo quieren administrar el patrimonio común.

El pueblo debe imponer un proceso constituyente para definir, por su propia voluntad, la sociedad a la que aspira, las normas y los valores que lo identifiquen, la correcta gestión de sus recursos y le aseguren la paz, la libertad, la equidad y la justicia.