Se suicidó la maestra María Rosalba Ureña Arias. Su nombre estaba entre los bloqueados por el Ministerio de Educación a pesar de encontrarse en licencia médica, situación que debió salir en su perfil cuando se hizo la auditoría a las nóminas del sistema educativo.
Como la maestra hoy difunta, hay otras maestras y maestros que guardan licencia aquejados por enfermedades contraídas en las aulas y que la disposición del ministerio los tiene sometidos a un estado de angustia y estrés llamándolos de manera reiterada para cuestionarlos y firmar documentos; muchos tienen meses sin cobrar.
Las maestras y maestros de este país pasaron de ser personas bien valoradas y respetadas, a ser “don o doña nadie”, poco merecedores y ejemplo de fracaso social.
Este cambio en el reconocimiento social del maestro y la maestra se produjo a partir del momento cuando esos servidores empezaron a demandar mejor salario y condiciones para el ejercicio de la función docente sin desmedro de su salud y seguridad.
Su empoderamiento se produjo después de la caída de la dictadura de Trujillo, momento que se relacionaron con profesores de países latinoamericanos y de otras latitudes que incidieron en su formación y estimularon su organización y sindicalización para demandar derechos y reivindicaciones que no se les reconocieron en esa época ni tampoco en los doce años de Gobierno del presidente Joaquín Balaguer.
Durante muchos años en la República Dominicana los maestros y maestras que asumieron las luchas reivindicativas sufrieron persecuciones y encarcelamientos, tanto en la época de la dictadura como en los gobiernos posteriores.
A los maestros y a los médicos se les escamotea el reconocimiento a sus inconmensurables aportes y servicios en la creación de los ideales y los valores humanos, culturales y sociales, lo cual se trata de pagar con un salario cuyo monto jamás compensaría sus desvelos.
En agosto de 2012 el Ministerio de Educación informó que en las escuelas públicas del país habían 67,858 docentes y que a febrero de este año el número había ascendido a 90,188 maestros y maestras.
Los educadores temen que a pesar de que el Gobierno aumentó el 10% a los salarios como se había acordado con la ADP, el aumento que debe efectuarse ahora no se materialice debido a que para ello, en agosto, debieron hacerse las evaluaciones de desempeño, lo que no se hizo por el alegado caos administrativo que impera en Educación.
El arquitecto Andrés Navarro debería ordenar concluir la depuración de los 1,818 nombres bloqueados, para sosegar los maestros que están en esa condición por deficiencia del mismo sistema y sacar las botellas antiguas y nuevas nombradas para pagar favores políticos en detrimento de los docentes cumplidores que son la inmensa mayoría.
Los prejuicios que se han creado alrededor de los maestros están impidiendo que la situación de ese sector se conozca en su triste y vergonzante realidad, cargándole la responsabilidad del estancamiento y mal funcionamiento de la educación.