Se llega a un punto, especialmente cuando se desempeña una función social pública o privada, que se debe analizar el papel que se realiza en condición de ciudadano responsable de aportar al desarrollo y la soberanía de un país si se quiere ser recordado como ejemplo de bien.
En los últimos treinta años el pueblo dominicano ha tenido la decepcionante experiencia de que personas nombradas en la administración pública no se han comportado con la rectitud del profesional formado para fortalecer la soberanía del país con sus conocimientos y evitar que se dañen sus estructuras culturales, políticas, geográficas, ecológicas, ambientales y sociales.
En el proceso de construcción de la democracia dominicana, este pueblo ha sufrido la decepción de ver que jóvenes en quienes se pensó que se podía confiar al delegar en ellos/ellas el desarrollo de las estructuras organizativas y la conducción del Estado, se desvincularon de los principios y metas comunes de crear un país amigable, equitativo y próspero.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, creada para formar los profesionales necesarios para el progreso del país, cumplió esa misión a un costo muy caro en la época de las dictaduras, graduando muchos jóvenes, que incluso siendo todavía estudiantes, eran admirados y queridos por los sectores populares por actuar como defensores de las aspiraciones del pueblo.
Sin embargo, tras los años aciagos, el derribamiento de las dictaduras y la instauración de la democracia, algunos de esos profesionales que decían defender “los sagrados intereses del pueblo y la soberanía”, cedieron a los requerimientos de los grupos económicos y políticos poderosos, nacionales y extranjeros, sin avergonzarse de la traición cometida contra la patria.
El pueblo se pregunta cómo se atreven algunos funcionarios que ayer eran defensores de los intereses nacionales, a proponerle que acepte “proyectos de desarrollo” los cuales no benefician a la nación ni a sus ciudadanos.
Qué vergüenza ajena sufren los luchadores que compartieron trincheras con profesionales o funcionarios que en los años aciagos decían defender los “intereses de la patria” y con sus actuaciones u omisiones de hoy contribuyen a su retroceso, agudizando su pobreza y profundizando su crisis.
El país mira desconfiado al ministro de Energía y Minas anunciar el permiso de explotación concedido a la empresa Gold Quest en un área de la vertiente sur de la cordillera Central, cuya vocación natural y función ecológica es la producción de agua y el sostenimiento de la producción de alimentos para la población dominicana.
¡Oh, qué triste papel!!