Los políticos involucrados en el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht y el Gobierno se encuentran metidos en un lio tan sucio y feo que no podrán salir limpios de estos hechos.
Lo cierto es que la corrupción, que ha coexistido con el Estado desde la época de la Colonia, se ha incrementado en los sucesivos gobiernos de antes y después de la República, en la dictadura de Trujillo, los doce años de Joaquín Balaguer y en los gobiernos de los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana, exceptuando el efímero Gobierno del profesor Juan Bosch, quien debería ser reverenciado como modelo ideal del servidor público.
Lo cierto es que la corrupción ejercida sin control y total impunidad ha incentivado a los políticos y funcionarios a comportarse como si tuviesen licencia para depredar los bienes públicos y aprovechar su condición para lucrarse copiosamente con los recursos del Estado.
Desde que la Odebrecht puso pie en la República Dominicana, los señalamientos y denuncias de que abultaba los presupuestos de las obras fueron dados a conocer a las autoridades, a la sociedad y a los sectores productivos.
Estas primeras denuncias del obscuro manejo de esa compañía las hicieron los ambientalistas con el proyecto de la Presa de Pinalito que prometía generar 50 megavatios a pesar de que las cuencas involucradas carecían de los volúmenes de agua necesarios.
Los sobrecostos, sumados a los impactos ambientales y a la acumulación de cantidades extraordinarias de sedimentos en la presa de Blanco, se constituyeron en una evidencia de la vocación mafiosa y de la chapucería de la empresa y sus socios locales, amparados en una formidable maquinaria de manipulación de la opinión pública.
Esas primeras denuncias debieron servir a los especialistas y funcionarios de los gobiernos de entonces, inicialmente el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y luego el Partido de la Liberación Dominicana, como un alerta para evitar la corrupción del Estado.
Es deber de los gobiernos y de los funcionarios de un país escuchar las opiniones de los ciudadanos, de las instituciones y de los profesionales calificados en los asuntos de importancia y de interés nacional. Si cuando se hizo la denuncia de la falsedad de las cubicaciones y las sustentaciones técnicas de la Presa de Pinalito, las autoridades de la época hubiesen evitado que la obra se construyera con las intenciones mafiosas señaladas, hoy no sería una carga inútil para la región y un pesado lastre para la economía nacional.
A esa denuncia se suman otras como la compra de los aviones Súper Tucano, el préstamo de la SunLand, los sobornos y chantajes de la OISOE que costó la vida de un joven profesional de la arquitectura, las violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, faltas confirmadas con los espeluznantes hechos de la OMSA, evidenciados con la muerte del abogado Junior Ramírez, las ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, el negocio de los vertederos de Duquesa y La Tumba entre una interminable letanía de robos que dejan sin posibilidades de ser eximidos de culpa a los funcionarios y políticos envueltos en ellos y sobre quienes, sino cae el peso de la Justicia, caerá el eterno repudio del pueblo.