Se tiene la sensación cuando se indaga en los estamentos de organización de la República: en la economía, la alimentación, el ambiente, los recursos naturales, las comunicaciones, la educación, las telecomunicaciones, la agricultura, la agropecuaria, la cultura, salud y las relaciones internacionales, que no hay una coherencia entre lo que hacen esas entidades y las necesidades que tiene la población.
Después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo los cambios que se han producido en todos los órdenes en el país no han sido producto de una planificación, sino de improvisaciones, casualidades o imposiciones de los norteamericanos, los organismos internacionales y los deseos de los presidentes.
Con las improvisaciones a esta nación se le ha confeccionado un traje amorfo que se le ha tratado de entallar cada vez que surge algún nuevo elemento que quienes la dirigen estiman que hay que agregar ya sea en el orden constitucional, jurídico, económico, social o ambiental.
Los ciudadanos observan impotentes a los mismos funcionarios violar las leyes que norman las instituciones que dirigen, acomodar a sus pretensiones las funciones que deben realizar, obviando los lineamientos de gestión general del Estado.
La ausencia de una planificación efectiva y de coordinación entre las diferentes instituciones de Estado ha dado como resultado que el país pierda miles de millones de pesos comprando maquinarias, plantas, equipos e insumos o se gaste recursos públicos en negociaciones mal fundamentadas en las que siempre, absolutamente siempre, la sociedad dominicana sale perdiendo.
Ejemplo de estas inconsecuencias la encontramos en el sector turismo, en salud, minería, recursos naturales, importaciones de productos y de especies marinas donde predomina la improvisación y la falta de control sobre esos renglones.
La imprevisión y la falta de planificación afectan y perjudican al pueblo dominicano reduciendo sus posibilidades de incorporarse a la economía mediante un trabajo bien pagado, que garantice el desarrollo de sus capacidades en el área de su competencia o de preferencia.
La República Dominicana parece que tiene una agenda doble: la que se ha comprometido a acatar ante la Organización de las Naciones Unidas y la del presidente Danilo Medina y sus colaboradores, que echaron a un lado políticas atadas al compromiso consustancial de promover la superación de la pobreza.
Del documento “La República Dominicana en 2030, hacia una nación cohesionada”, coordinado por Víctor Godínez y Jorge Máttar, de la Sede Subregional de la CEPAL en México, en el marco del proyecto “Desarrollo económico y social de la República Dominicana”, extrajimos este sentencioso párrafo:
“Las democracias reposan en la capacidad de los ciudadanos de valorar sus instituciones más allá de los resultados a corto plazo, pero una democracia incapaz de mostrar a largo plazo niveles aceptables de desempeño y distribución equitativa de los beneficios se hace vulnerable a los efectos del descontento social y los liderazgos políticos dispuestos a aprovechar la situación para concentrar el poder.”
La democracia dominicana ha tenido un desempeño exitoso en la creación sostenida de riqueza, pero- a semejanza de otras economías regionales que han registrado procesos similares de crecimiento económico— presenta un gran déficit en cuanto a convertir la nueva riqueza en bienestar para la mayoría de la población.