Históricamente, los sectores de poder en la República Dominicana han rehuido asumir con transparencia los temas atinentes a la retribución económica y los derechos humanos, laborales, políticos y sociales como sucede en otras sociedades, tanto europeas como latinoamericanas. Aquí estos derechos se han concedido como si fuesen dádivas.
La seguridad social nacida en Europa, específicamente en Alemania e Inglaterra, pasó a América Latina con la adopción por varios países (Chile, Argentina, Brasil) de las Cajas de Seguro, entidades creadas para amparar a los veteranos de guerra, militares en retiro, a las viudas y ancianos indigentes, suministrándoles asistencia en salud y dinero para sus necesidades.
A mediados de la década del 40, el sistema llegó a la República Dominicana por el interés del dictador Rafael L. Trujillo de incluir su gobierno entre los progresistas del mundo. Para hacerlo, convocó a los empleadores que eran sus aliados y a sus adláteres, para estructurar la forma de alinear al país con esa nueva corriente.
Sin embargo, no se explicó el concepto de seguridad social ni se involucró a los sectores laborales ni tampoco se hizo ningún intento de educarlos respecto al sistema que se iba extendiendo en el mundo y por el cual se habían establecido algunas de las leyes para permitir el acceso a la salud de los obreros, la seguridad en el trabajo, entre otros beneficios concedidos por la protección social.
La Caja de Seguro en el país se llamó Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), instituido con la Ley 1896 del año 1948, siguiendo las leyes 379-81, del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios y Empleados Públicos y la 385 de 1932, de Protección del Trabajador Contra los Accidentes del Trabajo.
Recientemente se celebró en el país, con el auspicio del Tribunal Constitucional (TC) y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), el tercer Seminario Iberoamericano de la Constitucionalización de la Seguridad Social, cónclave que contó con la presencia de reconocidos juristas expertos en seguridad social de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica, España y la República Dominicana.
En este relevante foro los expositores dominicanos analizaron el conjunto de leyes creadas para conceder a los trabajadores los servicios y las prestaciones conquistadas a base de luchas y protestas, que aquí fueron otorgadas en menor cuantía que en otras naciones. La dictadura, a base de asesinatos y persecuciones, concedía miserias a la población.
Esto dio lugar a que en el país se crearan numerosas leyes para reconocer derechos de salud, trabajo y riesgo laboral, pero como el contenido no se hacía con intención de proteger a todos los ciudadanos, su alcance era parcial y limitado.
Todas esas leyes constituyen hoy un entramado legal que dificulta la conformación de un sistema de seguridad social universal, equitativo, eficiente y sostenible.
Muchos de los participantes en este seminario se preguntaron si un país con una legislación incongruente e inconclusa para reconocer y otorgar derechos, puede desarrollar un sistema de seguridad social universal y eficiente.