Ha sido y es un deseo, un sueño de todas las generaciones de madres dominicanas recibir atención en salud, trabajar, educarse ella y su familia, criar los hijos en condiciones que permitan suplir lo elemental para que se desarrollen sin dificultades.
Son sueños posibles, pero aquí parecen inalcanzables pese a que desde el año 2002, las trabajadoras formales y parte de las que lo hacen en el hogar, están aseguradas, pero no pueden satisfacer esos deseos, por más que se empeñen.
El país tiene 5 millones 86 mil 296 mujeres. De éstas, están afiliadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social 3 millones 996.864. En el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo están afiliadas 2 millones 084 mil 675 trabajadoras y en el Régimen Subsidiado un millón 912 mil 189, es decir, el 51.03 %según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
En el Seguro de Pensiones, el cual otorga las pensiones por vejez, discapacidad y sobrevivencia, cotizan 853 mil 929 trabajadoras, 44.86% de las empleadas, de acuerdo con el Resumen Estadístico de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el resto que atiende el hogar, trabaja en el sector informal o es desempleada, vive a su suerte, excepto las que han aprendido que ser activista de un partido en su barrio, por lo menos le asegura estar incluida en los programas sociales de los gobiernos de turno.
Por otra parte, las desigualdades entre mujeres y hombres las convierten en principales receptoras de las violencias en el mercado de trabajo, en esferas que van desde el acoso hasta la trata de personas.
Buscando cambiar la desigualdad que impide el avance a las mujeres, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras instituciones que impulsan políticas favorables a este sector, han propuesto coordinar las políticas de empleo con las de violencia e igualdad para facilitar la autonomía económica de las víctimas de diferencia de género.
La práctica política dominicana enseña que las medidas y los proyectos para mejorar las condiciones de la mujer pasan por procesos lentísimos durante los cuales se recurre a disímiles subterfugios para que no se produzcan.
La desigualdad en el acceso a la protección social de las mujeres se relaciona con roles entre mujeres y hombres, con la división sexual del trabajo y con los estereotipos de género imperante en las sociedades.
En tanto las madres, años vienen años van, chiripeando en las calles, como domésticas devengando exiguos salarios y sin protección social, esperando que el organismo encargado de dirigir la seguridad social, termine de estudiar, analizar y consensuar cómo se integrará la población, a que ellas pertenezcan al sistema.
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en un estudio sobre la equidad de género en las legislaciones de seguridad social iberoamericanas, propone que estos sean inclusivos e igualitarios, combinando las reformas normativas en los sistemas de protección social con políticas transversales desigualdad entre mujeres y hombres que transformen los roles sociales tradicionales.