¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Se teme que la determinación de las causas que llevaron a la Junta Central Electoral a suspender los escrutinios municipales quede en el limbo donde se archivan las atrocidades cometidas por personas que gozan de poder y protección de las autoridades.
Con un raro pedimento, el gobierno dispuso la libertad del coronel y el técnico de Claro detenidos hasta que una comisión de la OEA inicie las indagatorias de lo sucedido con los equipos habilitados para las votaciones del 16 de febrero pasado.
La República Dominicana tiene una nueva primacía que, en vez de enaltecerla, la avergonzará frente a las naciones por ser el único lugar donde se suspendió una elección municipal en curso, abortada en los ojos de los miembros del organismo responsable de garantizar el derecho al voto.
Los dominicanos y las dominicanas han adquirido el reconocimiento de sus derechos humanos, políticos, ambientales, económicos, sociales y culturales en base a luchas y demandas libradas frente a grupos tradicionales de poder que simulan ser demócratas mientras distorsionan los episodios de cambio que ha pretendido la sociedad en cada proceso eleccionario.
El derrocamiento de la dictadura encabezada por Rafael L. Trujillo Molina permitió a la población recuperar la esperanza de que podría participar en la consolidación de la democracia expresando libremente sus ideas y ejerciendo sus derechos plenamente, sin embargo, no ha podido lograrlo hasta la fecha por las maquinaciones de los sectores políticos y los intereses económicos que han estado gobernando el país.
Desde 1963, cada proceso electoral organizado ha sido montado en las alas de la corrupción, con tramposería política, uso de fondos públicos por los que dirigen para favorecer sus partidos, pleitos, muertes, robo de urnas, mentiras, montajes degradantes sobre los contendores, compra del voto, dádivas, dislocamiento de lista de votantes, involucramiento de militares, policías y mandos superiores, en fin, una extensa lista de maquinaciones criminales cuyos autores han permanecido impunes.
Los mayores fraudes electorales se registraron en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, época en que ocurrieron acciones parecidas a las denunciadas en las recientes suspendidas elecciones municipales: uso de los recursos estatales, entrega de funditas de alimentos, electrodomésticos, dinero, promesas de empleo, amenazas de cancelación, compra de votos, entre otras violaciones a la Ley Electoral. Transcurridas las votaciones se verificaban robos de urnas, adulteración y falsificación de actas, manipulación en el conteo, boletines amañados y otras anomalías antelas que la Junta Central Electoral se mantuvo sumisa y servil con el partido oficial de turno.
Hoy, la reacción social, particularmente de la juventud, ha convertido el fracaso electoral en oportunidad de una Constituyente Popular para una verdadera transformación democrática que recupere la función social de los poderes públicos, evite y condene la perversión del sistema electoral, que es parte de la corrupción general del Estado y de los grupos de poder en República Dominicana.

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