Los contratos con honorarios exagerados deben ser rescindidos

Las razones esgrimidas para justificar los escandalosos y desproporcionados honorarios cobrados por profesionales de distintas áreas a instituciones estatales por algún servicio rendido, son inaceptables, en un país pobre como es la República Dominicana.

Es lo que también sucede con los fabulosos salarios y pensiones de los directores de entidades económicas como el Banco Central, Banco de Reservas, Superintendencia de Seguros, Industria y Comercio, Aduanas, Competitividad, bajo el argumento de que quienes se encargan de administrar grandes recursos deben tener buenos salarios para evitar el dolo y el robo,
Insólita consideración.

La experiencia en este pobre país no indica que tal aseveración es cierta, más bien sirve de excusa para justificar esas fortunas que se pagan a los políticos nombrados en esas instituciones legalizando el robo de la cosa pública.

Este es el único país donde se paga a un funcionario para que sea probo y honesto en el trabajo que debe realizar, algo absurdo, pues esas cualidades son inherentes a la conducta de todo ciudadano formado y educado en los valores de su sociedad, con clara comprensión de lo moral y lo ético.

La ética y la conciencia guían la conducta de los seres humanos, alertándolos de los excesos en que pueden incurrir, incluso en la valoración de sus propias virtudes, saberes y experiencias, contrastándolos con las condiciones de la sociedad donde viven y se han formado.

La vida institucional dominicana anda manga por hombro. Existen las leyes, pero ni los integrantes de los gobiernos ni el mismo Estado las respetan, permitiendo así que cada quien fije su precio, ponga sus condiciones o exija beneficios que cree merecer.

El precio de los servicios no está regulado y los salarios no se ajustan a una escala, sino al aporte que hizo el individuo a la campaña del partido ganador de las elecciones.

Se justifican los elevadísimos salarios como forma de evitar la corrupción administrativa imperante desde la era de Trujillo, continuada en los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer, cuando más de 300 familias se hicieron millonarias, y en los gobiernos de los demás partidos que se han sucedido en los últimos 20 años, superándose unos a otros en los niveles de la corrupción.

La principal función de las autoridades de un país es defender los intereses de la colectividad, lo que deben hacer escogiendo lo que más le convenga al patrimonio nacional, cuestionando y discutiendo los términos contractuales como manera de evitar el engaño y la estafa al Estado, poniendo las reglas de negocios, tanto en el plano nacional como en lo internacional, partiendo de las condiciones propias de un país empobrecido a pesar de su inmenso potencial.

Los contratos con honorarios exageradamente altos que han firmado entidades públicas como la Procuraduría y la Dirección de Impuestos Internos con abogados y bufetes deben ser rescindidos o renegociados en términos más justos y equitativos para el Estado.