Quienes mataron, falsearon y abu- saron tienen que ser castigados

Con qué se queda el televidente de la transmisión de los juicios de corrupción y crímenes que se les imputan a representantes de la clase política y servidores públicos?

La presentación por televisión de esos hechos permite a la gente, por lo menos, tener una idea de la transformación que puede sufrir una persona al escalar a una posición del Estado que le hace sentirse con el poder de determinar sobre asuntos relacionados a recursos, gastos y asignaciones.

En los últimos 40 años la mayoría de los funcionarios nombrados para dirigir las instituciones del Estado, antes de escalar a los puestos señeros, socialmente se comportaban como ciudadanos prestantes, honestos y sensatos, pero nada más cambiar de estatus, se despojan de los valores que los distinguían frente a los demás como ciudadanos confiables, dignos, capaces y virtuosos.

Estos juicios evidencian que los políticos buscan el reconocimiento ciudadano para elevar su nivel de aceptación y ubicarse en estructuras administrativas desde las cuales poder beneficiarse de los aportes de los contribuyentes y de la influencia inherente a las funciones estatales.

Estas presentaciones muestran a la población el verdadero rostro de los burócratas que dirigen las instituciones públicas que no van a desarrollar ideas para hacerlas eficientes, sino a aprovechar las disponibilidades que se les presentan y a utilizar la influencia que adquieren para cambiar de estatus y adquirir riquezas.

Gente perversa y sinvergüenza que no le produce escozor jurar con las manos sobre la Biblia que defenderían y trabajarían por el bien común y la moralidad pública. Su descaro y abuso merecen ser sancionados. Quienes ahora, en pasado lejano o reciente robaron, mataron, falsearon y abusaron de la confianza puesta en ellos entregándoles la dirección del Estado tienen que ser ejemplarmente castigados.

Los relatos de las tramas de los actos de corrupción administrativa quedan en el inconsciente de los televidentes como una alerta del peligro que constituye para la nación poner las instituciones en las manos de políticos y funcionarios carentes de vergüenza y seriedad.

Son inadmisibles a estas alturas de tanto dolo público las expresiones de varios periodistas y comentaristas de la televisión tratando de subsanar el estado emocional que les puedan ocasionar a los acusados las medidas de coerción que les fueron impuestas.

Esas consideraciones desafortunadas han sido dirigidas a los hermanos del expresidente Danilo Medina, atribuyéndoles inmadurez. El mismo juez Vargas, en el preámbulo que hizo antes de dictar las medidas de coerción a los imputados de la Operación Anti Pulpo apela a fallas de la condición humana, la inmoralidad de los Medina y de inexperiencia e ignorancia en otros de los implicados.

Esas opiniones contienen un mensaje permisivo mantenido por los sectores de poder para restarle valor a los actos de corrupción cometidos por representantes de la burguesía o a su servicio, contribuyendo así a entronizar la podredumbre en el país.

Las acciones de los acusados para robar, estafar, desfalcar y engañar a la ciudadanía son inimaginables. Incentivan la curiosidad ciudadana por conocer las tramas urdidas por los protagonistas de estos hechos para lograr el objetivo de enriquecerse.

Las madres y los padres dominicanos enseñan que “el que es honesto en lo poco también lo es en lo mucho, quien roba es porque es un ladrón y no tiene perdón”.