Los enclaves naturales productores de agua potable de consumo de los dominicanos y del riego de las tierras cultivables se encuentran amenazados por las compañías mineras extranjeras interesadas en extraer los metales preciosos que yacen en el subsuelo de las montañas y bosques del país.

Aquí, como en las demás naciones latinoamericanas y tercermundistas donde la minería es un factor económico importante en la industria mundial, sus promotores se enriquecen, pero los pueblos empobrecen y languidecen debido a la desaparición de la vegetación y la pérdida de la capacidad productiva de los suelos por efectos de las excavaciones y la circulación de contaminantes y las perturbaciones infligidas al medio ambiente.

Los orígenes geológicos y la posición geográfica de la República Dominicana la convierten en un fuerte atractivo para los cazadores de oro, minerales y tierras raras utilizadas en la industria y la tecnología modernas en un pleno frenesí de demanda, compra y venta sin final.

La industria minera ha sido de muy alto costo para los dominicanos. Las autoridades entregan a las compañías mineras los recursos en condiciones blandas: mínimos requerimientos y ninguna supervisión ni límite, dejando que esas empresas dispongan de todos los recursos no renovables y menoscaben los renovables que haya en los lugares donde están aposentados.

El entreguismo a los capitales foráneos que caracteriza a los gobiernos y el funcionariado ha sido enfrentado por el pueblo que ha visto mermar las riquezas del país y languidecer la salud de muchos habitantes por los efectos de la minería basada en prácticas de la era colonial y esclavista de las empresas canadienses, norteamericanas y europeas radicadas aquí.

Ante los abusos y la irresponsabilidad de la Alcoa, Falconbridge, Barry Gold y las pretensiones de Gold Quest, Unigold, Belfond y otras multinacionales la población se ha lanzado a salvaguardar la seguridad hídrica y alimentaria y la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales impidiendo la destrucción de los suelos por las excavaciones y el envenenamiento de las aguas de los ríos con cianuro y otros elementos tóxicos utilizados o producidos en la explotación de los recursos del subsuelo.

El Pacto por el Agua anunciado por el presidente Abinader en su Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional debe incluir como eje principal la conservación del ciclo hidrológico y la priorización del agua como recurso estratégico para el desarrollo económico y el bienestar social.

Para que las grandes inversiones en presas, acueductos, canales de riego y generación hidroeléctrica tengan sentido deben conjurarse todas las amenazas contra las zonas de captación y las cuencas incluyendo la megaminería, la ganadería extensiva y la sustitución de la vegetación especializada por plantaciones que disminuyen o revierten la incorporación del agua a nuestros sistemas montañosos.

El presidente Luis Abinader debe mojar sus palabras en la neblina de nuestros bosques nublados para que puedan condensarse y fecundar toda nuestra geografía.