El Congreso tiene la obligación de contribuir a la gobernabilidad

Los dominicanos esperan ansiosamente las decisiones del Congreso de la República respecto a la escogencia de los directivos de la Cámara de Cuentas, del defensor del pueblo y la despenalización de las tres causales del aborto, disposiciones que indicarán si los miembros de ese poder del Estado merecen la representación que los electores pusieron en sus manos.

La ansiedad de los diversos sectores que esperan las decisiones de los legisladores sobre esos temas de interés nacional es por la creencia de que el Congreso Nacional está constituido por políticos pertenecientes a una sociedad donde se han invertido los modelos de educación moral y cívica, lo que hace que el ciudadano que tiene algún poder actúe contrario a las normas éticas, la racionalidad y la decencia.

Desde las luchas por la independencia, la restauración y la resistencia a la primera invasión norteamericana muchos dominicanos que vivieron y participaron en esas epopeyas fueron víctimas de las maquinaciones de personas que se aprovechaban de las circunstancias para obtener posiciones en los gobiernos o sacar ventajas de las oportunidades del momento.

De ese pasado al presente la diferencia no es mucha. Como entonces, abundan las autoridades que no conceden la atención debida a los reclamos del pueblo que las eligió confiado de que cumplirían las promesas que hicieron para obtener el voto. Olvidan que el Estado son los ciudadanos y que sus recursos deben administrarse pensando en el bienestar de todos.

El Congreso Nacional, como uno de los poderes del Estado, tiene la obligación de contribuir a hacer posible la gobernabilidad con sus decisiones legislativas, pero en el país ese cuerpo no se ha comportado en esa dirección y sus actuaciones han recibido el rechazo de la población por las negociaciones políticas que ha realizado en asuntos vitales para la democracia de la nación.

La Cámara de Diputados y el Senado están integradas mayormente por políticos clientelistas que ostentan esas posiciones obtenidas mediante dádivas, compras de votos, otorgamiento de prebendas y promesas de empleos. Con su presencia deshonran el solio que han utilizado algunos para no ser encarcelados por delitos cometidos en el país y el extranjero.

En las manos del Congreso está actualmente la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, del defensor del pueblo y el proyecto de ley que debe resguardar los derechos humanos de las mujeres y su libre albedrío.

Cuatrocientos treinta y dos dominicanos (as) se postularon para las posiciones de la Cámara de Cuentas, este número se redujo a 318 luego de someterlo a depuración.

Se seleccionaron los que cumplían las estipulaciones legales, quedando fuera ciudadanos con reconocimiento social y trayectoria profesional no vinculados a partidos políticos ni a actos reñidos con la moral o las leyes, sin embargo, quedaron 25 personas vinculadas en su mayoría a partidos políticos.

Esta es la causa de la ansiedad del pueblo que no ve que sus reclamos de transparencia, honestidad e impunidad cero son escuchados por los legisladores que desde el Congreso faltarán a las promesas electorales y retrasarán el avance y la democracia del país.