Deben enjuiciar a quienes enviaron dulce envenenado a una multitud

Mientras el movimiento feminista plantado frente al Palacio Nacional exige al Congreso y al presidente Luis Abinader garantizar el derecho de las mujeres a poder decidir libremente sobre la maternidad, en tres situaciones que las implican exclusivamente en su condición de incubadoras de la especie, mentes retrógradas no dudan en recurrir al crimen en su intención de limitar el derecho de los ciudadanos.

Enviar un dulce envenenado donde están congregadas personas que se encuentran luchando por lograr un fin colectivo es un acto reprochable que no tiene otro calificativo que el de CRIMEN planeado con premeditación y alevosía y sus autores deben ser localizados por los organismos competentes a fin de que sean juzgados y condenados por la acción que pudo cegar la vida de muchas personas.

Es seguro que ninguna de las personas que apoyan la lucha por la despenalización de las tres causales del aborto pensó que podía haber gente capaz de envenenar una multitud por no opinar igual a ellos. Hasta ahora, en el país no se había producido algo similar.

Este intento es una acción de gentes intolerantes, psicorrígidas, incapaces de admitir que otras personas tienen derecho a pensar de manera distinta a la suya y a obrar como les dicte su conciencia.

Esa es la actitud con que muchas veces la sociedad reacciona en el tratamiento de los temas relacionados con la manera de ser de las mujeres a las que se obliga de mil maneras a hacer lo que quieren los otros y no lo que su fuero interno les dicta.

Es una costumbre impuesta en el patriarcado para devaluar la autoridad y las potencialidades femeninas.

Hombre y mujer tienen el mismo origen y poseen características propias que les identifican como entes autónomos capaces de pensar, sentir, desear y crear conforme a las circunstancias en las que se encuentren.

Culturalmente la imagen femenina es percibida como problemática y el hombre no debe molestarse en prestarle atención, aceptar sus opiniones ni dar crédito a su capacidad de discernimiento ni a su autonomía como forma de legitimar la costumbre de decidir por ella o en su nombre.

La lucha por la despenalización de las tres causales del aborto, como todas las inequidades existentes respecto a la mujer, se debe a que socialmente a las mujeres no se les reconoce libre albedrío ni derecho a expresar sus consideraciones sobre la misión de la procreación que comparte con el hombre.

La demanda del movimiento feminista y los sectores sociales organizados de que la República Dominicana, constituida como Estado democrático de derecho incluya en el Código Penal la despenalización de las tres causales del aborto es válida y legítima para la garantía plena de los derechos de las mujeres.