Que sigan libres fabricantes alcohol adulterado muestra tolerancia culposa

Para una parte de la población es inaceptable que las autoridades encargadas de velar por su seguridad no hayan detenido la comercialización de las bebidas falsificadas, apresado y sometido a la Justicia a los responsables de más de 113 consumidores muertos, solo este año, por la inoperancia de los organismos encargados de regular las actividades productivas y sanitarias.

Esos organismos e instituciones son dirigidos y conformados generalmente por funcionarios y empleados que no cumplen sus responsabilidades como corresponde porque solo las usan para sacar dinero, chantajeando y aceptando soborno de quienes instalan fábricas de cualquier clase, clínicas o farmacias ilegalmente.

Los ministerios de Industria y Comercio, de Salud Pública y de Medio Ambiente, y ProConsumidor, entre otros, están compelidos a garantizar el cumplimiento de las normas para la creación y operación de industrias y verificar sistemáticamente que los productos sean elaborados con la calidad exigida.

Que las autoridades no hayan frenado la venta y comercialización de bebidas que están causando la muerte de consumidores y que todavía sus fabricantes no hayan sido sometidos a la acción de la Justicia, como debió ocurrir desde que empezaron las denuncias de intoxicaciones por esos productos, es un fuerte indicio de tolerancia culposa, incapacidad suprema o ambas.

Las noticias sobre los desmantelamientos de destilerías caseras e industriales también hacen pensar que existe una complicidad social para proteger a los culpables de las muertes de esos consumidores. Se muestran los tanques, destiladores y alambiques, pero no se mencionan los nombres de los principales implicados.

Es casi imposible que un policía, un médico, un barrendero, una activista comunitaria, un funcionario que resida por donde se hacen actividades reñidas con la ley e incluso un ciudadano común no se percate de que en su comunidad están ocurriendo actividades ilícitas como fabricar ron, medicinas o alimentos.

La complicidad entre los sectores de poder permite que grupos actuantes en la economía violen las leyes instalando empresas fantasmas: fábricas de medicamentos, destilerías y empacadoras de “marcas reconocidas” en los suburbios tanto de la Capital como en las provincias sin que ninguna autoridad se sienta en el deber de reportarlo a las instituciones correspondientes, pero lo peor es que los organismos que rigen esos sectores no los supervisan ni monitorizan para evitar que esas violaciones se produzcan.

Se considera que el aumento del consumo y demanda de alcohol debido al desarrollo turístico y los elevados precios de estas bebidas han motivado a gente inescrupulosa a aprovechar la falta de controles del mercado para fabricar bebidas de mala calidad que se distribuyen por todo el país a través de redes complejas de mercadeo, como evidencian las muertes ocurridas en Santiago, la Capital, San Francisco de Macorís, Samaná, Monte Cristi, Barahona y Miches.

La corrupción anidada en todos los estamentos del país, no obstante, las autoridades, así como los empleados responsables y honorables de las instituciones encargadas del buen desarrollo de esta industria, deben dar a la sociedad la garantía de que actuarán diligente y legalmente contra los fabricantes de bebidas adulteradas y falsificadas. ¡Ojalá que así sea!