La corrupción en los cuerpos castrenses ha implicado engaños a sus miembros

El testimonio de Raúl Alejandro Girón Jiménez ante el tribunal del caso denominado Coral por el Ministerio Público es la versión trágica de cómo funcionan las instituciones castrenses y la Policía dominicanas desde su creación.

No se debe olvidar que el Ejército y la Policía fueron creados bajo la dirección de las fuerzas de ocupación norteamericana en la época que esa nación articulaba asegurar su influencia en América Latina y gran parte del mundo, propiciando el ascenso a malhechores en las entidades claves de los países para irrespetar cada vez que le conviniera la soberanía de las naciones.

Tal es el caso del “generalísimo” Trujillo, que usó el poder para robar enormes riquezas que incluyeron territorios, empresas y recursos financieros.

Muchas de las revelaciones hechas por el mayor Girón Jiménez que, dicho sea de paso, sorprendieron tanto a los agentes del Ministerio Público como a los defensores de los imputados en la operación Coral, son conocidas por la población e incluso algunos miembros de esas instituciones las han denunciado pese a que forman parte de la tradición autoritaria y perversa de las jerarquías militares. Sin embargo, hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República ni ninguna otra autoridad se había propuesto afrontarla y ponerle fin.

Si a Narciso Isa Conde, dirigente revolucionario que se mantuvo presentando pruebas de los malos manejos de los jefes militares del Ejército, la Armada y la Policía, se le hubiera hecho caso, la corrupción en esos estamentos no habría adquirido la magnitud que ha alcanzado hoy, impactando a toda la sociedad.

La historia reciente registra la continuidad de la corrupción y vandalismo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de los crímenes, asesinatos y abusos.

La corrupción en los organismos castrenses ha implicado también engaños a los miembros de esas entidades con los aprovisionamientos de la ropa, calzados, alimentos y asignaciones fuera de los recintos y en la frontera, así como asignaciones transadas de funciones, tareas y rangos.

En esa época, como ahora, las bandas que operaban en esas instituciones castigaban a los que no participaban en esos desmanes les imponían castigos, enviándolos a la frontera, sacándolos de La Cantina, suprimiéndoles funciones, entre otras maldades que también incluían encarcelamientos, chismes a los jefes, delaciones y hasta muertes.

En pocos países latinoamericanos los cuerpos castrenses tienen la “prestancia” que en este país.

Aquí, esos servidores se comportan como entes intocables, se erigen por encima de las leyes, son abusivos, expropian terrenos y propiedades particulares y del Estado solo porque portan un arma y un uniforme, como si tal investidura fuese una licencia para cometer esos atropellos.

Raúl Alejandro Girón Jiménez ha actuado, aparentemente, como cuando una persona se arrepiente verdaderamente de haber actuado contrario a la moral y la ética o cuando ha pactado con los fiscales en procura de reducir su condena.

Él debe ser protegido y es responsabilidad del presidente Luis Abinader Corona y de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que su acto de contrición sirva para que, por lo menos, sea sacada toda la basura de las entidades militares y se pueda frenar efectivamente el virus de la corrupción en esos estamentos tan importantes del Estado.