Para acabar con los rebotes de pacientes, la retención de enfermos y de cadáveres, con el cobro de anticipo para internamiento en las clínicas, centros de salud privados y hospitales de autogestión, el gobierno debe prohibir por decreto esas prácticas que exponen a la muerte las personas en situación de emergencia, llevadas a una prestadora no contratada por la ARS de ese afiliado, del Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado o las que carecen de protección social.

Los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y la población, en sentido general, tienen que lidiar con esas inequidades a pesar de estar prohibidas por la Ley 87-01, por varias resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y por la Constitución de la República que garantiza el derecho a la vida de todos los dominicanos y residentes legales radicados en el país.

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En lo que se introducen las modificaciones necesarias a la Ley 87-01 de Seguridad Social, el decreto frenaría estas acciones inhumanas de las clínicas, los hospitales de autogestión y centros de salud contra la población que paga los impuestos de donde salen los recursos que el Estado entrega a esas entidades para que se mantengan operando.

Modificar las prácticas de quienes manejan la salud como un lucrativo negocio no regulado es tarea urgente del Gobierno del Estado.