Las labores de recuperación de la agricultura, los suelos, viviendas y bienes públicos que realizan el Gobierno y las instituciones tras el paso del huracán Fiona parece que se están haciendo de modo virtual, en las redes sociales y de manera semipresencial. Así se piensa al escuchar al presidente Luis Abinader, a los funcionarios y los empleados de los organismos de socorro y asistencia social cuando hablan de los trabajos de reconstrucción que, según refieren, se están haciendo.

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Abinader se ha destacado como el servidor público más interesado en remediar los daños del ciclón: al otro día temprano del paso de Fiona fue a inspeccionar la situación en que había quedado el país y las poblaciones afectadas directamente; anunció acciones inmediatas y prometió ayudas y políticas para encarar la situación. Pero voluntad y recursos siempre serán insuficientes cuando no se dispone de estrategias bien estructuradas para el manejo de desastres que incluyan la participación consciente, coordinada, planificada, bien dirigida y mejor supervisada de todos los sectores de la sociedad, en especial de los damnificados que deben ser algo más que simples recipiendarios de la caridad pública. La improvisación, falta de coordinación y la carencia absoluta de instrumentos de participación social en las respuestas y, sobre todo, en la prevención participativa de riesgos y respuesta a desastres hacen que operativos asistencialistas a desperdicien recursos como medicinas, ropas, y convertir las intervenciones en una verdadera tormenta de sanos esfuerzos de escasa efectividad.