La prolongación de la crisis en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) por la suspensión de los servicios a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) dispuesta por el Colegio Médico Dominicano en reclamo de mejores condiciones de pago podría perjudicar a ambas entidades, pero su principal víctima son los asegurados que deben pagar consultas y medicamentos a precios exagerados.
El conflicto, agudizado el año pasado, ha aumentado el descontento de los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo, ya disgustados con los cobros indebidos en Emergencia, los depósitos por internamientos, los copagos ilimitados, las restricciones a la cantidad de análisis, entre otras violaciones a la Ley 87-01 que instituye el SDSS.
El rechazo ciudadano a las ARS es cada día mayor y la división aflora en los médicos con agremiados disidentes a las decisiones de los dirigentes, factores que podrían afectar a ambas entidades.
El artículo 174 de la Ley 87-01 señala que “… el Estado tiene la responsabilidad inalienable de adoptar todas las previsiones y acciones que establecen la ley y sus reglamentos a fin de asegurar el cabal cumplimiento de sus objetivos sociales y los principios de la seguridad social».
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), a nombre y representación del Estado, tiene el mandato de velar por el estricto cumplimiento de la Ley y sus normas complementarias, proteger los intereses de los afiliados, vigilar la solvencia financiera del Seguro Nacional de Salud y de las ARS, entre otras responsabilidades.