La corrupción es el delito que afecta con mayor intensidad a la sociedad. Asombrada por las cifras astronómicas envueltas en el denominado “Menú de la Paella”, sobre todo el Caso Calamar, la gente no logra comprender cómo fue posible que se estructuraran redes mafiosas tan eficientes para apropiarse de miles de millones de pesos, movidos con una facilidad pasmosa, en un país con tantas carencias y limitaciones.

Pulpos, medusas, corales y calamares han provocado una indigestión de tal magnitud que dejarán consecuencias de muy largo plazo en la salud de la economía dominicana.

Las confesiones y delaciones de la mayoría de los involucrados evidencian que, más allá de los detalles, hubo una conspiración que despojó a la nación de ingentes recursos que eran necesarios para las urgentes necesidades en salud, educación e infraestructuras para el desarrollo.

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Una parte importante de los recursos robados fueron dirigidos a evitar que la gente se enterara de lo que ocurría, a comprar opinión y crear redes de información y propaganda para exaltar las bondades y presentar como héroes y exitosos empresarios a quienes se enriquecieron con el dinero público.

Recuperar lo robado e inmunizar a la sociedad contra el contagioso virus de la corrupción es tarea de los tribunales. Corresponde a jueces y fiscales actuar con imparcialidad, comedimiento y firmeza. Existen muy serias sospechas de que la corrupción logró pervertir también una parte importante del sistema judicial, pese a ellos, esperamos que en sus decisiones impere la Justicia.