Proteger los recursos naturales de una nación es una responsabilidad humana y cívica de inconmensurable valor para la supervivencia de los habitantes y del hábitat de que se trate como para la integridad de la naturaleza a nivel global.
Los funcionarios designados por el Gobierno en el Ministerio de Medio Ambiente, además de la responsabilidad que tienen de preservar los recursos naturales, deben garantizar que las decisiones que se tomen en ese renglón tan esencial para la vida del país sean tomadas con irrestricto apego al ordenamiento legal establecido con esos fines.
La nación se indigna ante las denuncias de las concesiones ilegales que se están permitiendo en detrimento de enclaves naturales de imponente belleza y de importante valor ecológico, codiciados por sectores económicos y políticos nacionales y extranjeros en pernicioso afán de riqueza a cualquier costo.
El presidente Luis Abinader, en quien tantos dominicanos depositaron su confianza, tiene la obligación de garantizar que sus funcionarios respeten la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y debe investigar el desenvolvimiento de ese Ministerio.
Es vox populi que en el Ministerio de Medio Ambiente, encargados y empleados de departamentos claves, como los que expiden permisos, certificaciones y supervisiones, condicionan sus servicios a aspectos ajenos a las leyes y normas sin explicación adecuada. Ese Ministerio debe ser saneado de funcionarios, encargados y empleados que prevarican.