Cada vez que ocurren accidentes que involucran una cantidad significativa de personas los centros de salud evidencian carencias básicas que dificultan enfrentar los traumas de los afectados. Familiares, amigos, vecinos y relacionados se ven compelidos a donar y buscar donantes de sangre urgidos por la contingencia; las camas resultan insuficientes, faltan equipos e insumos para estudios y análisis, los afectados y sus allegados se convierten en damnificados económicos por las deudas escandalosas y desproporcionadas que se generan en clínicas y hospitales.

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El país requiere, con extrema urgencia, políticas públicas orientadas a la disminución de los accidentes de tránsito y a la prevención de contingencias como incendios, derrumbes, explosiones, inundaciones y riñas colectivas que consumen una proporción importante del presupuesto nacional y acarrean dolor, luto, empobrecimiento, traumas físicos y psicológicos permanentes que generan improductividad y dependencia.

Los factores que inciden en esta problemática son muchos y complejos. El abordaje debe ser multidimensional, integral y continuo, libre de demagogia y enfoque coyuntural. No existen fórmulas mágicas. Se trata de iniciar un proceso que debe ser evaluado a partir de indicadores relacionados con la casuística de accidentes y contingencias traumáticas en sentido general. Ordenamiento del territorio, del tránsito, de la conducta social, educación continua en todos los niveles y en todas las modalidades y, sobre todo, un régimen de consecuencias sin miramientos ni concesiones deben ser el soporte fundamental de la estrategia nacional de prevención de accidentes y contingencias traumáticas. ¡Así sea!