La usurpación de las instituciones de parte de los sectores de poder, principalmente del sistema judicial, ha marcado la sociedad dominicana desde la satrapía encabezada por Rafael Leónidas Trujillo hasta nuestros días.

La Justicia era dirigida por los dueños de afamados bufetes de abogados serviles en la Era de Trujillo que se prolongó a través de sectores conservadores en los Gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, posteriormente los líderes de los partidos sucedidos en la dirección del Estado replicaron el modelo, a pesar de las reformas y “modernizaciones”, entronizando jueces parciales para blindar su impunidad.

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La República Dominicana es uno de los países del mundo que más millonarios ha producido a base del saqueo a los bienes del erario público y de los recursos destinados a las obras de Estado: mafias partidarias urdían sus robos y actos de corrupción valiéndose de su cercanía o de posiciones en los Gobiernos de turno.

La manipulación de la Justicia para proteger y encubrir los delitos de cuello blanco del pasado reciente y del presente han superado las épocas pretéritas: funcionarios asociados en bandas desfalcaron al Estado sabiendo que no les pasaría nada porque su seguridad estaba blindada.

Mientras el peso implacable de la Justicia cae sobre pequeños rateros y la delincuencia menor, los grandes robos contra los bienes públicos solo reciben como sanción el rechazo y el escarnio social.