De nuevo un evento natural golpea al país afectando desproporcionalmente comunidades rurales de bajos recursos y barrios urbanos marginales que se encuentran en áreas propensas a ser afectadas y poseen un mayor nivel de vulnerabilidad por ser damnificados sociales permanentes de un modelo de desarrollo desigual, injusto y empobrecedor.

En los grandes núcleos urbanos las lluvias afectaron también a sectores de ingresos medios y altos con mayor resistencia y capacidad de recuperación, dañaron infraestructuras públicas y privadas, destruyeron cosechas y bienes en proceso de producción y evidenciaron las fragilidades y falta de preparación de nuestra sociedad ante eventos previsibles y recurrentes. Las predicciones sobre los efectos del cambio climático auguran mayor frecuencia e intensidad de sequías, inundaciones, huracanes y temperaturas extremas.

Estamos obligados a prever y prepararnos para aumentar la resistencia y la resiliencia con políticas públicas adecuadas que incluyan el ordenamiento pertinente del territorio, la restauración ambiental de las grandes cuencas hidrográficas, el respeto absoluto a las leyes ambientales, la planificación en función del conocimiento científico y la historia natural de los diversos territorios y, sobre todo, la prevención basada en la educación y la organización social y comunitaria.

El asistencialismo, necesario y de urgencia después del desastre, evidencia la incapacidad y la impertinencia de las acciones de los gobiernos y no su vocación social o su altruismo.